Una operación de las Fuerzas Militares contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, en zona rural de Tibú, Norte de Santander, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una menor de edad. El caso reabre el debate sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes en grupos armados, las obligaciones del Estado y los controles sobre las operaciones militares.
Una adolescente de 16 años figura entre las cuatro personas que murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento del Frente 33 de las disidencias de las FARC en zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo. El resultado de la operación fue confirmado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, quien indicó que las víctimas eran tres hombres y una mujer que, según la información oficial, pertenecían a la estructura armada ilegal. El operativo se desarrolló durante la noche del 10 de octubre, de acuerdo con reportes publicados por medios nacionales, y el balance oficial se conoció posteriormente.
La acción militar se dirigió contra integrantes de la estructura vinculada a alias Calarcá, en una zona estratégica del nororiente colombiano afectada por la confrontación entre organizaciones armadas ilegales. Según el Ministerio de Defensa, durante las labores posteriores al bombardeo y los registros en el área, las tropas encontraron material de guerra y varios espacios utilizados como campamentos. Las autoridades presentaron el resultado como parte de las operaciones destinadas a combatir a los grupos armados y reducir su capacidad operativa en el territorio.
Al explicar la muerte de la adolescente, el ministro Mora sostuvo que la joven se encontraba en “función continua de combate” dentro del campamento atacado. La declaración sitúa nuevamente en el centro de la discusión pública la presencia de menores de edad en estructuras armadas y las decisiones de inteligencia que preceden a una operación aérea. La información divulgada por las autoridades señala que la identificación de la menor se realizó con apoyo de Medicina Legal, mientras continúan las preguntas sobre las circunstancias específicas de su incorporación al grupo y las condiciones en las que se desarrolló el ataque.
El caso también revive el debate jurídico sobre las obligaciones estatales frente a niños, niñas y adolescentes vinculados a organizaciones armadas. El reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados constituyen graves vulneraciones de sus derechos, y su presencia en esos escenarios exige que las autoridades evalúen cuidadosamente la información disponible y adopten medidas de precaución para proteger a la población civil. En el marco del Derecho Internacional Humanitario, la conducción de las hostilidades debe respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución; la valoración jurídica de cada operación depende de las circunstancias concretas y de la información disponible antes y durante el ataque.
La muerte en Tibú se suma a la controversia que generaron las operaciones militares efectuadas en agosto en el departamento del Guaviare, particularmente la denominada Operación Amón, en la que se reportó el fallecimiento de tres menores de edad. Esos hechos motivaron cuestionamientos de sectores políticos y solicitudes de explicaciones al Ministerio de Defensa sobre la información de inteligencia disponible y las medidas adoptadas para prevenir afectaciones a menores. El debate llegó al Congreso mediante una moción de censura contra Mora, que no prosperó, pero mantuvo la discusión sobre los criterios empleados en este tipo de operaciones.
En el campamento intervenido en el Catatumbo, las autoridades reportaron la incautación de diez fusiles, municiones y otros elementos, además de la identificación de tres áreas de alojamiento y un búnker. También se informó que tres militares resultaron heridos durante las acciones terrestres, tras la activación de un campo minado. Estos datos hacen parte del balance oficial divulgado por la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa; su alcance y las circunstancias del operativo deberán valorarse a partir de los informes correspondientes y de cualquier investigación que se adelante sobre las muertes registradas.
La reiteración de casos con menores entre las personas fallecidas en bombardeos ha provocado cuestionamientos sobre la eficacia de las estrategias para prevenir el reclutamiento y sobre las salvaguardas aplicadas antes de autorizar ataques en zonas donde operan grupos armados. Organismos de protección de derechos y sectores políticos han insistido en la necesidad de esclarecer qué información tenían las autoridades acerca de la presencia de adolescentes, cómo se evaluaron los riesgos y qué alternativas operacionales fueron consideradas. La respuesta a esas preguntas requiere información verificable y una revisión rigurosa de las decisiones adoptadas, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades que aún deban establecerse.
El nuevo caso en Tibú vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación humanitaria del Catatumbo, donde las comunidades rurales enfrentan la presencia de actores armados, amenazas de reclutamiento y riesgos derivados de las confrontaciones. Más allá del resultado militar reportado, la muerte de una adolescente plantea interrogantes sobre la protección de la niñez en medio del conflicto y la responsabilidad de todas las partes de respetar las normas humanitarias. La claridad sobre las circunstancias del ataque, la información de inteligencia y las medidas de prevención será fundamental para evaluar lo ocurrido y determinar si se requieren actuaciones adicionales de las autoridades competentes.
