Brayan Campo, quien secuestró y asesinó a la niña Sofía Delgado Zúñiga, ha aceptado los cargos imputados por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, y otros delitos relacionados con la alteración de pruebas. Un juez ha ordenado su reclusión en un centro carcelario, y se especula que será trasladado a la Cárcel con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, donde son enviados los delincuentes más peligrosos de Colombia.
La gravedad de los crímenes cometidos ha generado gran conmoción, y se ha mencionado en círculos judiciales que Campo podría ser ubicado en un pabellón de máxima seguridad dentro de La Tramacúa. Esta decisión no solo responde a su peligrosidad, sino también a las posibles represalias que podría enfrentar por parte de otros reclusos, quienes, en casos de este tipo, podrían buscar venganza. Las autoridades del Inpec tienen la responsabilidad de garantizar su integridad y evitar que sea víctima de agresiones o que intente escapar.
El juez a cargo del caso sentenció que Brayan Campo podría enfrentar hasta 60 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena. Esto se debe a que los cargos incluyen feminicidio agravado y porque la víctima era una menor de edad, lo que impide cualquier tipo de beneficio judicial o rebaja de condena.
Este caso ha traído a la memoria otros hechos trágicos, como el del arquitecto Rafael Uribe Noguera, quien actualmente cumple una condena de 58 años en la misma cárcel por el asesinato de Yuliana Samboní, una niña de 7 años que fue secuestrada y asesinada en Bogotá en 2016. Uribe Noguera también está recluido en un pabellón de alta seguridad.
Las autoridades continúan investigando los detalles que rodearon el crimen de Sofía Delgado, pero su principal responsable ya ha sido judicializado y enfrentará la pena máxima permitida por la ley colombiana. La comunidad espera que este castigo sirva de lección y aporte algo de consuelo a los familiares de la menor.
Este caso ha vuelto a poner en la agenda pública la necesidad de reforzar las medidas de protección para los menores de edad y las mujeres, víctimas frecuentes de este tipo de delitos atroces.
