Jorge Oswaldo Castaño Galindo, empresario cercano a la administración de Andrés Hurtado, fue detenido por su presunta participación en una red de suministro de armas a la organización criminal.
En un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Barranquilla el empresario Jorge Oswaldo Castaño Galindo, reconocido en Ibagué por su vinculación con la administración del exalcalde Andrés Hurtado. Su arresto se dio en el marco de una investigación que lo relaciona con el Clan del Golfo, grupo al que presuntamente habría suministrado armas a través de su empresa de seguridad SARA LTDA.
Durante la gestión de Hurtado, Castaño Galindo obtuvo contratos por más de 1.670 millones de pesos para prestar servicios de vigilancia en las sedes de la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Dichos contratos fueron cuestionados en la contienda electoral de 2023, cuando el entonces candidato Marco Emilio Hincapié denunció presuntas irregularidades en su adjudicación.
Las investigaciones revelan que SARA LTDA casi siempre participaba como único oferente en los procesos de contratación, lo que generó sospechas sobre posibles acuerdos previos para garantizar la adjudicación de los contratos. Se identificó que otras empresas del sector no presentaban propuestas, lo que reforzó la hipótesis de una licitación direccionada.
Uno de los aspectos más polémicos de este caso es la posible influencia de Omaira Méndez Losada, esposa de Castaño y funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Tolima. Méndez, investigadora en la unidad de delitos contra la Administración Pública, pertenece a la misma dependencia en la que no han avanzado investigaciones contra el exalcalde Hurtado ni contra la actual mandataria de Ibagué, Johana Aranda.
Según la Fiscalía, SARA LTDA, en conjunto con otras dos empresas de seguridad, implementó un esquema que permitía dotar de armas al Clan del Golfo con salvoconducto legal. A través de este mecanismo, individuos con antecedentes judiciales y presuntos nexos criminales eran carnetizados como escoltas, lo que les permitía acceder a armamento de manera oficial.
Las autoridades señalaron que, mediante contratos fraudulentos, las empresas implicadas no solo facilitaban armas, sino también otros equipos de seguridad, contando con el aval de los entes de control. Este esquema de corrupción habría fortalecido la logística del Clan del Golfo, permitiéndole operar con mayor capacidad en diferentes regiones del país.
La captura de Castaño Galindo representa un nuevo golpe contra redes de corrupción que operan dentro del Estado. La Fiscalía continuará investigando para determinar la magnitud del entramado y si existen más funcionarios o exfuncionarios implicados en estos hechos.
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