Una patrullera de la Policía Metropolitana de Ibagué fue capturada en flagrancia tras el hallazgo de presuntas sustancias estupefacientes y cuatro teléfonos celulares en su poder dentro de la Permanente Central. La Fiscalía asumió la investigación para establecer el destino de los elementos incautados y determinar si existen más personas involucradas.
Un nuevo hecho judicial genera controversia al interior de la Policía Metropolitana de Ibagué. Una patrullera fue capturada en flagrancia dentro de las instalaciones de la Permanente Central, luego de que durante un procedimiento de registro le fueran encontrados varios elementos que, según las autoridades, corresponderían a sustancias estupefacientes y equipos de comunicación que, presuntamente, serían destinados a personas privadas de la libertad.
La uniformada fue identificada como Diana Carolina Castañeda Rojas, quien al momento del procedimiento cumplía funciones como centinela en la Permanente Central. El caso provocó sorpresa entre los integrantes de la institución debido a que el hallazgo ocurrió en una dependencia encargada de la custodia de personas detenidas.
De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, durante la inspección a sus pertenencias fueron encontradas dos bolsas con una sustancia que sería bazuco, dos bolsas con una sustancia que correspondería a base de coca, una bolsa con una sustancia conocida como tusi y cuatro teléfonos celulares.
Tras el hallazgo, los uniformados que adelantaban el procedimiento realizaron la captura en flagrancia de la patrullera, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras avanza el proceso judicial.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de establecer el origen y destino de las sustancias y de los teléfonos celulares, así como determinar si estos elementos pretendían ser ingresados de manera irregular a personas privadas de la libertad que permanecen en la Permanente Central.
Las autoridades judiciales también buscan establecer si la presunta conducta habría sido realizada de manera individual o si existirían otras personas involucradas dentro o fuera de la institución. Por ello, se adelantan actos urgentes de investigación y recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer completamente los hechos.
Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa los controles internos en los centros de detención transitoria y las medidas de seguridad para evitar el ingreso de elementos prohibidos. La Policía y la Fiscalía deberán determinar las responsabilidades penales y disciplinarias que puedan derivarse del caso, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de la uniformada mientras se define su situación jurídica.
El proceso continuará en las próximas horas ante las autoridades competentes, que decidirán las medidas judiciales correspondientes. Entre tanto, el caso ha generado fuerte impacto en la opinión pública debido a la gravedad de los hechos investigados y al compromiso institucional de combatir cualquier acto que pueda afectar la transparencia y la legalidad dentro de la Fuerza Pública.
