En un operativo llevado a cabo por la Policía Metropolitana de Ibagué, fueron capturadas tres personas que presuntamente sustrajeron alimentos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Institución Educativa Técnica San Pedro Alejandrino, sede Arado.
El procedimiento fue realizado por el cuadrante 17 del CAI Variante, luego de recibir una denuncia ciudadana sobre un posible hurto en el colegio, ubicado en el sector del barrio El Refugio. Los uniformados acudieron al lugar y encontraron a dos mujeres y un hombre en posesión de productos que, al ser verificados, correspondían a los suministros del PAE.
Tras inspeccionar las pertenencias de los capturados, las autoridades descubrieron una gran cantidad de alimentos perecederos, entre los que se encontraban 10 kilos de papa, 5 libras de cebolla cabezona, 4 kilos de tomate de árbol, 11 libras de guayaba, 5 litros de jugo de guayaba en leche y otros insumos esenciales para la preparación de los almuerzos escolares. En total, se estima que el hurto incluyó cerca de 50 kilos de alimentos.
Las investigaciones revelaron que las dos mujeres capturadas trabajaban como funcionarias del PAE en la institución educativa, lo que generó mayor indignación al aprovecharse de su acceso directo a los insumos. El supervisor del programa en la zona confirmó que los productos estaban destinados a la alimentación de más de 200 estudiantes y manifestó su intención de interponer la respectiva denuncia.
El Coronel Diego Edixon Mora Muñoz, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que los tres implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. “No permitiremos que se afecten los beneficios de los estudiantes en las instituciones educativas. Continuaremos trabajando para garantizar su bienestar y el correcto funcionamiento del PAE”, afirmó.
Por su parte, el supervisor del PAE instó a reforzar los controles internos en las instituciones educativas para evitar futuros incidentes que comprometan la alimentación de los niños. Asimismo, la comunidad escolar expresó su rechazo a este acto, destacando la importancia del programa en el desarrollo integral de los estudiantes.
El caso, que ya está en manos de las autoridades judiciales, reitera la necesidad de un monitoreo constante en los programas sociales para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Este hecho se suma a otras denuncias recientes en la región que evidencian el impacto negativo de este tipo de delitos, y reafirma la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para combatir la corrupción y proteger los derechos de los niños.
