La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, fue condenada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad a 10 días de arresto y al pago de una multa de 13 millones de pesos. La medida se originó por el desacato a una orden judicial de tutela que buscaba proteger derechos fundamentales de un ciudadano.
El caso se remonta a un fallo de tutela previo que ordenaba a la administración municipal tomar medidas específicas en beneficio de un ciudadano afectado por omisiones administrativas. Según lo dispuesto por el juez, la mandataria no cumplió con la resolución en los tiempos establecidos, lo que llevó a la apertura del incidente de desacato.
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Aunque la sanción fue confirmada, la jurisprudencia colombiana permite que una sanción por desacato pueda ser revocada si el incumplimiento es subsanado, incluso en un plazo extemporáneo. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre el cumplimiento posterior por parte de la alcaldesa.
Este fallo resalta las implicaciones legales del desacato a resoluciones judiciales en el ámbito administrativo y subraya la responsabilidad de las autoridades públicas en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Qué ocurrió?
La alcaldesa fue hallada culpable de no haber tomado las medidas necesarias para reubicar a la familia de ZOHOOR FARLTY ACOSTA CASTELLANOS que vivía en una zona de alto riesgo, tal como lo había ordenado un juez. Esta omisión se considera un desacato a la autoridad judicial y, por lo tanto, amerita una sanción.
El juzgado notificó oficialmente a la Alcaldía de Ibagué sobre la necesidad de cumplir con el fallo de tutela que ordenaba la reubicación de una familia, la Alcaldía respondió indicando que había ordenado a la Secretaría de Infraestructura llevar a cabo la reubicación. Sin embargo, alegó que la familia no había presentado la documentación necesaria para completar el proceso, esto fue desmentido luego que la familia ACOSTA CASTELLANOS, La familia afectada de este caso presentó los documentos requeridos, contradiciendo la afirmación de la Alcaldía.
El juez le preguntó a la alcaldesa si había hecho lo que debía para ayudar a una familia a mudarse a un lugar seguro. La alcaldesa dijo que sí, pero el juez descubrió que no era cierto. Por eso, la juez decidió que la alcaldesa había desobedecido la ley, El juez concluyó que la Alcaldía no había cumplido con la orden judicial y, por lo tanto, la alcaldesa era responsable de desacato.
¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión?
La sanción impuesta a la alcaldesa es un claro mensaje sobre la importancia de cumplir con las decisiones judiciales. Además de las consecuencias legales, este caso pone en entredicho la gestión de la alcaldesa y genera incertidumbre sobre el futuro de su administración luego de haber dado un fuerte regaño a su gabinete el día anterior, donde comentó que en su administración no “tendría corbatas” como cuotas políticas.
¿Qué implica el desacato?
El desacato es una falta grave que consiste en desobedecer una orden judicial. Las consecuencias de este delito pueden variar según la gravedad de la orden incumplida y pueden incluir multas, arresto e incluso la destitución del cargo.
La alcaldesa tiene la opción de apelar la decisión judicial. Mientras tanto, deberá cumplir con la sanción impuesta y tomar las medidas necesarias para solucionar la situación de la familia afectada.