En el juicio contra el exsenador Ciro Ramírez por presunta corrupción en el DPS, su exaliado Pierre García se acogió al derecho al silencio, dejando sin respaldo la defensa del acusado.
El juicio contra el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como el caso “Las Marionetas”, avanza en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía sostiene que decenas de contratos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) fueron direccionados a favor de congresistas durante el gobierno de Iván Duque, a cambio de votos y gobernabilidad.
Uno de los señalados por estos hechos es Ramírez, acusado de intervenir en la asignación de un convenio dentro del DPS. Su defensa, en un intento por desvirtuar las acusaciones, solicitó la comparecencia de varios testigos clave, entre ellos el exsubdirector del DPS, Pierre García, quien habría tenido un rol fundamental en la presunta manipulación de contratos.
Sin embargo, la estrategia de la defensa sufrió un revés cuando García, quien había recibido en su momento la condecoración Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con Placa de Oro por gestión de Ramírez, decidió acogerse al derecho al silencio. El exfuncionario argumentó que también es investigado en el mismo caso y que no declararía en el juicio.
La decisión de García dejó en una posición incómoda a Ramírez, quien esperaba su testimonio para desmontar la teoría de la Fiscalía. Ante este escenario, el exsenador lamentó la falta de apoyo de su copartidario y reiteró que es víctima de una persecución política.
El caso “Las Marionetas” es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno Duque. Según la Fiscalía, se trató de una red de contratos amañados en el DPS, con los cuales se habría buscado consolidar apoyos políticos dentro del Congreso.
A medida que avanza el proceso, la Corte Suprema de Justicia continúa escuchando a otros testigos, mientras se define el futuro judicial de Ramírez. De ser hallado culpable, el exsenador podría enfrentar severas sanciones por corrupción y tráfico de influencias.
Este nuevo episodio en el caso reaviva el debate sobre el uso de los recursos del Estado para favorecer intereses políticos y pone en la mira a varios exfuncionarios del gobierno Duque, quienes aún enfrentan investigaciones en curso.
La Corte Suprema prevé que en las próximas semanas se emitan nuevos pronunciamientos sobre el caso, mientras la defensa de Ramírez busca estrategias para contrarrestar las acusaciones en su contra.
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