A cinco años de la muerte del joven ibaguereño durante las protestas del Paro Nacional de 2021, sus familiares mantienen la exigencia de justicia. Aunque la Procuraduría sancionó disciplinariamente al mayor retirado Jorge Mario Molano Bedoya, el proceso penal por homicidio continúa en curso, según la información entregada por la familia.
La familia de Santiago Andrés Murillo Meneses, el joven de 19 años que murió el 1 de mayo de 2021 en la calle 60 con carrera Quinta de Ibagué, mantiene su exigencia de justicia por los hechos ocurridos durante las protestas del Paro Nacional. Sus allegados aseguran que continuarán acompañando el proceso judicial hasta que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.
Los familiares señalan al mayor retirado Jorge Mario Molano Bedoya como responsable de los hechos y reiteran que su objetivo es obtener una decisión judicial definitiva. A través de un pronunciamiento, insistieron en que su lucha busca establecer la verdad y lograr una condena en el ámbito penal.
De acuerdo con la información suministrada, el 7 de abril de 2026 la Procuraduría General de la Nación impuso a Molano Bedoya una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 14 años. La decisión se relacionó con el uso de la fuerza durante las manifestaciones y con la vulneración del derecho a la vida, según las conclusiones atribuidas al organismo de control.
En el fallo disciplinario, la Procuraduría habría calificado la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. La decisión también hizo referencia al presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y al incumplimiento de protocolos para la intervención de las autoridades en escenarios de protesta.
Otro elemento mencionado en el caso corresponde a los resultados de la investigación de la Fiscalía sobre el arma utilizada. Según la información entregada, el casquillo recuperado del cuerpo de Santiago fue relacionado con su arma de dotación, una pistola Sig Sauer SP2022, identificada con el serial SP 0169540.
Sandra Meneses, madre del joven, manifestó que la sanción disciplinaria representó “una luz en medio del dolor”. Sin embargo, la familia subrayó que esta decisión no pone fin al caso, pues el proceso penal por homicidio sigue su curso y esperan que las autoridades judiciales adopten una determinación definitiva.
Para sus allegados, Santiago era un joven ibaguereño que se dirigía hacia su casa cuando ocurrieron los hechos. Su muerte se convirtió en uno de los casos recordados en Ibagué en el contexto de las protestas de 2021, y sus familiares insisten en que su memoria debe mantenerse presente mientras avanza la búsqueda de justicia.
La familia reiteró su llamado a la justicia colombiana para que el proceso penal avance y se esclarezcan las responsabilidades individuales conforme a las pruebas y las decisiones judiciales. Mientras tanto, su consigna continúa siendo la misma: verdad, justicia y garantías de que la muerte de Santiago Murillo no quede sin una respuesta judicial.
