La periodista y abogada Luisa Fernanda Bohórquez denunció públicamente a los concejales del Centro Democrático, Silvia Ortiz, Deiby Buitrago y Giovanny Martínez, por un presunto perfilamiento en su contra, responsabilizándolos de posibles riesgos a su seguridad tras ejercer una estricta veeduría sobre su gestión pública en el cabildo municipal.
Luisa Fernanda Bohórquez, reconocida abogada, periodista y activa creadora de contenido político en la capital del Tolima, lanzó una grave denuncia pública contra la bancada del Partido Centro Democrático. La comunicadora afirma ser víctima de presuntas acciones de perfilamiento por parte de los concejales Silvia Ortiz, Deiby Buitrago y Giovanny Martínez durante sesiones oficiales del cabildo local. Bohórquez responsabilizó directamente a estos cabildantes por cualquier afectación futura que pueda sufrir su integridad física o la seguridad de todo su núcleo familiar.
Según la versión de la influencer ibaguereña, los corporados han utilizado su plataforma institucional dentro del Concejo Municipal para exponer repetidamente su nombre, identidad y detalles sobre su labor periodística investigativa. Estas acciones, según la denunciante, son una respuesta directa al riguroso ejercicio de control social y veeduría que ella realiza sobre las actuaciones y decisiones administrativas de estos funcionarios públicos en la ciudad. La situación ha generado una profunda tensión entre el sector político tradicional y los medios ciudadanos independientes.
Por su parte, los concejales del Centro Democrático no se quedaron callados y manifestaron su profunda inconformidad frente al contenido publicado por la creadora en sus redes sociales. Argumentaron ante la opinión pública que dichas publicaciones afectan negativamente su imagen y reputación, además de asegurar que han sido víctimas de amenazas debido a la difusión de los informes realizados por Bohórquez. Ante este escenario, los corporados solicitaron formalmente la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar.
En respuesta a los señalamientos de los concejales, Luisa Fernanda Bohórquez utilizó sus plataformas digitales para defender la veracidad de su trabajo periodístico. A través de un video difundido recientemente, sostuvo con firmeza que todas sus investigaciones están estrictamente sustentadas en datos reales, documentos de carácter público y hechos plenamente verificables. La periodista instó a los cabildantes a mostrar las pruebas contundentes de las supuestas amenazas que alegan haber recibido, rechazando categóricamente cualquier intento de vincular su labor fiscalizadora con actos ilícitos.
La creadora de contenido aprovechó la oportunidad para defender el derecho constitucional que posee como cualquier ciudadana colombiana para vigilar la gestión pública, exigir total transparencia y evaluar el desempeño de todos los funcionarios del Estado. Para la abogada, intentar criminalizar la veeduría ciudadana es una práctica peligrosa que atenta contra los principios democráticos fundamentales del país. Su defensa ha encontrado eco en diversos sectores que ven en su labor un contrapeso necesario ante el poder de los concejales locales.
El respaldo hacia la comunicadora ha sido significativo, contando con el apoyo de diversas organizaciones civiles tanto de Ibagué como de todo el departamento del Tolima. Estos colectivos han validado la labor de control social realizada por Luisa Fernanda Bohórquez, quien actualmente cuenta con una comunidad superior a los 250 mil seguidores en sus redes sociales. Las agrupaciones ciudadanas anunciaron que, al igual que la influencer, mantendrán un monitoreo constante sobre todas las decisiones institucionales tomadas en el Concejo Municipal de la ciudad.
La disputa jurídica y política escala niveles peligrosos mientras ambas partes mantienen sus posiciones inamovibles. Por un lado, la bancada del Centro Democrático insiste en que las publicaciones exceden el ámbito de la crítica política y ponen en riesgo su bienestar, solicitando a las autoridades competentes que evalúen el impacto de estas acciones. Por otro lado, la periodista mantiene su postura de que sus denuncias son una herramienta legítima para exponer posibles irregularidades y quejas ciudadanas que requieren atención urgente de la comunidad.
El desenlace de este conflicto ahora queda en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar la veracidad de las denuncias cruzadas y evaluar si realmente existe un perfilamiento contra la periodista o si, efectivamente, el contenido de sus redes ha derivado en hostigamiento hacia los concejales. Mientras tanto, la ciudadanía ibaguereña observa con atención este enfrentamiento, que pone a prueba los límites entre la libertad de expresión, el ejercicio del control político y la responsabilidad de los funcionarios.
