Un informe de la Misión de Observación Electoral, con apoyo de la Universidad del Tolima, advierte un incremento sostenido de amenazas y ataques contra actores políticos y sociales en el departamento, encendiendo las alarmas sobre los riesgos para la participación democrática.
La violencia política continúa en ascenso en el Tolima y se consolida como una de las principales preocupaciones de cara a los procesos democráticos en el departamento. Así lo revela un estudio elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), con respaldo académico de la Universidad del Tolima, que documenta un aumento paulatino de amenazas, hostigamientos y ataques contra distintos actores políticos y sociales.
El análisis se fundamenta en el seguimiento sistemático a registros de medios de comunicación y bases de datos especializadas, permitiendo identificar patrones y tendencias entre los meses de mayo y octubre. Los resultados evidencian una reiteración de hechos violentos que comprometen la seguridad y la libre participación política en varios territorios.
De acuerdo con el informe, los municipios que concentran la mayor cantidad de casos son Carmen de Apicalá, Melgar, Ibagué, Líbano y San Antonio. En estas localidades se han presentado múltiples hechos de intimidación que afectan directamente el desarrollo de la actividad política y social.
Las víctimas de estos ataques incluyen candidatos a cargos de elección popular, exconcejales, líderes políticos y líderes sociales. La recurrencia de los hechos en distintos momentos del año sugiere una tendencia sostenida que genera preocupación entre organizaciones de observación electoral y defensores de derechos humanos.
El estudio señala que cerca del 90 % de los casos analizados corresponden específicamente a hechos de violencia política. Esta cifra confirma que las agresiones no son aisladas, sino que hacen parte de un fenómeno estructural que amenaza la democracia y el ejercicio libre de la política en el Tolima.
En cuanto al perfil de las víctimas, el informe indica que el 72 % son hombres y el 27 % mujeres. No obstante, desde la MOE se advierte que la violencia política también impacta de manera significativa al liderazgo femenino, limitando su participación en condiciones de seguridad y equidad.
Ante este panorama, la Misión de Observación Electoral hizo un llamado a las víctimas y a la ciudadanía a no guardar silencio frente a estos hechos. Denunciar oportunamente permite activar mecanismos de protección y visibilizar un problema que requiere atención institucional urgente.
Finalmente, la MOE recordó que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de orientar y acompañar a las personas afectadas, así como de activar las rutas de atención ante las autoridades judiciales. La organización insistió en que frenar la violencia política es fundamental para garantizar elecciones libres y seguras en el departamento.
