La Corporación Autónoma Regional del Tolima rechazó la licencia ambiental para el parque fotovoltaico Los Venados, frenando una inversión francesa de más de 10 millones de dólares. El Congreso citará a la directora de la entidad para explicar la decisión en medio de críticas por el impacto en empleo y transición energética.
La negativa de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) a otorgar la licencia ambiental para el proyecto solar Los Venados ha generado un debate político y económico que ya trasciende las fronteras del departamento. La iniciativa, impulsada por la multinacional francesa Voltalia en el municipio de Venadillo, incluía la construcción de una planta fotovoltaica de 15 megavatios y una línea de transmisión de 34,5 kilovoltios. El senador José David Name citó a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, a un debate de control político en el Congreso para explicar los argumentos técnicos que motivaron la decisión.
El proyecto representaba una inversión extranjera estimada en más de 10 millones de dólares, con compromisos de generar empleo local, capacitar personal en energía solar a través del SENA y fomentar encadenamientos productivos en la región. Según sus promotores, se trataba de una iniciativa clave para avanzar en la transición energética del país y cumplir las metas de energías renovables. La decisión de negar la licencia, sin embargo, ha sido interpretada por algunos sectores como un freno innecesario al desarrollo económico regional.
Voltalia aseguró haber cumplido con los 41 requisitos técnicos exigidos por la autoridad ambiental, pero Cortolima argumentó que detectó tres incumplimientos graves. Entre ellos, obras hidráulicas sobre drenajes naturales sin el respectivo permiso, estudios ambientales incompletos y una definición imprecisa del área de influencia del proyecto. La entidad afirmó que estas deficiencias ponían en riesgo el entorno y la seguridad ambiental de la zona.
El rechazo a la licencia provocó críticas de líderes políticos y empresariales, quienes sostienen que la medida ahuyenta la inversión extranjera en el país. El senador Name calificó la decisión como una pérdida para el Tolima y para Colombia, señalando que se dejaron de crear empleos y se desaprovechó una oportunidad de inversión sostenible. A su juicio, la transición energética no puede detenerse por decisiones administrativas que carezcan de sustento claro.
En contraste, dirigentes comunitarios de la vereda Cofradía–Gallego, donde se ubicaría la planta, expresaron su respaldo a Cortolima. Eduardo Ferley Carrillo, presidente de la Junta de Acción Comunal, denunció ante la Procuraduría una “afectación directa” a los derechos al trabajo y al ambiente sano si se desarrollaba el proyecto. Además, acusó a la empresa de no garantizar suficiente participación ciudadana y de ofrecer respuestas “displicentes” a las inquietudes de la comunidad.
Andrés Castilla, country manager de Voltalia en Colombia, defendió la solidez técnica de la propuesta, asegurando que todos los puntos cuestionados fueron resueltos con respaldo normativo. Recalcó que la empresa está comprometida con el cumplimiento de las leyes colombianas y que el proyecto aportaría significativamente a las metas de generación limpia. También advirtió que decisiones como esta podrían restar confianza a futuros inversionistas internacionales.
Para Cortolima, el debate no es sobre inversión, sino sobre la correcta aplicación de la normativa ambiental. La autoridad sostiene que la protección de los recursos naturales es prioritaria y que el cumplimiento estricto de los requisitos técnicos es indispensable, incluso para proyectos de energías renovables. La directora Alfonso Iannini deberá explicar estos argumentos ante el Congreso en las próximas semanas.
La controversia ha reavivado la discusión sobre los límites del control ambiental frente a la urgencia de avanzar en la transición energética. Mientras algunos defienden la necesidad de procedimientos estrictos para evitar daños ecológicos, otros piden mayor flexibilidad cuando se trata de proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible. El caso Los Venados se ha convertido así en un ejemplo de las tensiones entre desarrollo económico y preservación ambiental.
Analistas advierten que este tipo de disputas podría repetirse en otras regiones del país, donde múltiples proyectos de energía solar y eólica esperan autorización. El equilibrio entre inversión y protección ambiental será clave para que Colombia logre sus metas de descarbonización. La falta de criterios unificados entre autoridades regionales y nacionales podría retrasar la transición hacia un modelo energético más limpio.
Con la citación al Congreso, el caso tendrá ahora un escenario de alcance nacional. Allí se espera que tanto la autoridad ambiental como la empresa defiendan sus posturas y expongan pruebas técnicas. El resultado de este debate podría sentar un precedente para futuros proyectos de energías renovables en el país, en un momento en que Colombia busca posicionarse como líder regional en la adopción de tecnologías limpias.
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