Colombia se ha convertido en el país con el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo, con 79 casos reportados en el último año de un total de 196 a nivel global, de acuerdo con el reciente informe de Global Witness. Así lo dio a conocer el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, quien participó en un panel organizado por la entidad, donde se discutió la crisis de seguridad que enfrentan los líderes ambientales en el país.
Durante el panel, Lozada enfatizó la gravedad de la situación y señaló que la violencia contra los defensores ambientales ha aumentado en casi un 20% durante el actual gobierno de Gustavo Petro, pasando de un 67% en la administración de Iván Duque a un 79% en la actualidad. “Es realmente penoso que un gobierno que se declara ‘Potencia Mundial de la Vida’ y que promete hacer paz con la naturaleza no sea capaz de proteger a quienes defienden la vida en los territorios”, expresó el congresista.
El representante también hizo un llamado urgente a los gobiernos de América Latina para que adopten medidas efectivas de protección hacia los líderes ambientales. Según Lozada, la falta de garantías en Colombia para quienes defienden el territorio es una responsabilidad que recae en el gobierno del cambio, que debe actuar con mayor contundencia en esta materia.
Además, Lozada criticó la postura del gobierno frente a la situación en la Isla Gorgona, donde un proyecto militar ha generado controversia y rechazo por parte de las comunidades locales y organizaciones ambientalistas. Según el representante, el gobierno de Petro debe realizar consultas previas con las comunidades antes de continuar con dicho proyecto, y sugirió que la administración debería declarar de forma urgente la cancelación de este plan.
“El silencio del presidente Petro y del Ministerio de Ambiente es inaceptable. Deberían manifestar públicamente que este proyecto no se llevará a cabo, pase lo que pase”, afirmó Lozada, quien subrayó la importancia de respetar la autonomía de los territorios y los derechos de las comunidades afectadas por estos proyectos.
Este informe de Global Witness pone nuevamente en la mira la necesidad de políticas públicas sólidas y efectivas que garanticen la seguridad de los defensores ambientales en Colombia, quienes enfrentan amenazas constantes y condiciones de vulnerabilidad. La crisis en Gorgona es un ejemplo del reto que enfrenta el gobierno para conciliar la protección ambiental con sus políticas de seguridad en los territorios.
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