En este periodo constitucional, la prensa, la libertad y la democracia en Colombia han coexistido con la amenaza latente de su censura. Diferentes instituciones, en uso del poder conferido por la ciudadanía, hacen de nuestra democracia un campo de vetos y persecución. Lo anterior es motivo suficiente para llamar a la protesta colectiva desde estas líneas, toda vez que el verdadero liberalismo es diametralmente opuesto a cualquier tentativa de mordaza o acto de censura consumado.
En Colombia, según la FLIP, 162 periodistas han sido asesinados por motivos de oficio, el último de ellos tuvo lugar en septiembre del presente año en el departamento del Valle del Cauca. La prensa de nuestro país, en especial aquella independiente, ha tenido que soportar, por un lado, los intentos de silencio que desde la legalidad actores del Estado emprenden contra su labor y, por otro lado, la zozobra y el miedo a la muerte infundido por los grupos delincuenciales que entre clanes, disidencias y paramilitares, amenazan la vida y la libertad de expresión.
Para el año 2020, investigaciones de la Revista Semana, evidenciaron el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar para perfilar y seguir ilegalmente a periodistas. Para ello se utilizó una plataforma tecnológica que le costó a los colombianos cerca de $3.000 millones de pesos. Además de las pruebas suministradas por dicho medio de comunicación, al cual llegaron sufragios y lápidas para amedrentar sus investigadores, la Corte Suprema de Justicia también presentó evidencias sobre estos seguimientos, los cuales se registran desde el año 2019.
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Durante el 2021 nuevos hechos refuerzan la tesis expuesta en esta columna de opinión. En primer lugar, los hechos ocurridos recientemente en las instalaciones de Noticias Uno, medio que denunció públicamente la “notificación de allanamiento a sus oficinas”, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, amparada sobre el eufemismo de “inspeccionar el archivo”.
Para Cecilia Orozco, directora de este noticiero, este es un acto ilegal, la diligencia se adelantó con el propósito de averiguar la identidad de una fuente de reserva periodística por el delito de “revelación de secreto” en el año 2013. Vale la pena recordar que el artículo 74º de nuestra constitución consigna que “el secreto profesional es inviolable”, por ende, los periodistas están en el derecho de no revelarla.
El último hecho que reboso la copa, fue lo consignado en el articulo 68º del proyecto de ley 369 de 2021 o “Ley Anticorrupción”, el cual fue aprobado en la Cámara de Representantes con 73 votos a favor y 51 en contra, contando con el apoyo de los congresistas Tolimenses Jaime Yepes (Partido de la U) y Aquileo Medina (Cambio Radical), quedando pendiente su debate de conciliación y posterior sanción presidencial.
El cuestionado articulo prohíbe expresamente a los medios de comunicación presentar denuncias contra los funcionarios públicos si no tienen suficientes pruebas. Es decir, los periodistas no pueden denunciar cualquier indicio de irregularidad o ilegalidad en las actuaciones de agentes del estado, prácticamente deben fungir como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría o Corte Suprema de Justicia, resolver el caso y, ahí sí, poder presentar una denuncia.
Incluso, esta norma amenaza con quitar la personería jurídica al medio de comunicación si incurriese en delitos de injuria o calumnia contra funcionarios o ex -funcionarios público, medida que no ha sido incluida siquiera para casos de lavado de activos, corrupción, o enriquecimiento ilícito. ¿No quedaba más resumido escribir: se prohíbe investigar y denunciar funcionarios públicos en Colombia? Será acaso que nuestros honorables representantes no leen lo que votan, o acaso sienten, como sus demás compañeros, que se podrían eventualmente beneficiar con esta medida?
Sea cual fuere la justificación, es reprochable que nuestros paisanos se hubiesen prestado para esto, sobre todo en el actual momento histórico donde el desprestigio del Congreso de la República y su desconexión con la ciudadanía lo ha hecho merecedor a una altísima desaprobación y rechazo de su gestión. La corrupción no se derrota protegiendo a los corruptos y censurando a quienes los denuncian. Hacer uso del derecho penal para silenciar las críticas a funcionarios y exfuncionarios públicos es sencillamente vergonzoso.
De manera muy acertada la MOE ha señalado que esta disposición “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y ex funcionarios públicos”. Cada vez es más claro para quienes están legislando desde el congreso. Flaco favor el que se hicieron.
Coincidencialmente, el ponente del proyecto es César Lorduy, congresista de la casa Char y amigo de la ex – ministra Karen Abudinen, quien se vio obligada a renunciar luego de una investigación adelantada por W Radio por el escándalo del MinTIC. El artículo es tan nefasto, que hasta el mismo presidente Iván Duque recomendó eliminarlo.
Si este gobierno se ufana de ser demócrata y la opinión pública de los últimos años operaba motivada por el miedo al autoritarismo venezolano, ¿por qué permitimos este tipo de atentados contra la libertad? Bajo ninguna circunstancia podemos estar de acuerdo con esto, máxime cuando nos pretenden hacer creer que estas medidas van a “combatir la corrupción”. Por eso invitamos a que toda la ciudadanía se pronuncie, respalde al periodismo colombiano y exijamos, de manera vehemente, NO A LA CENSURA.
