La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó tres investigaciones que se adelantaban contra Gustavo Petro por hechos ocurridos cuando era senador. Los procesos estuvieron a cargo de los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, agrupaciones cercanas al actual Gobierno.
El primer caso archivado correspondía a una denuncia interpuesta en 2021 por Pedro Herrera ante la Procuraduría. En ella, señalaba que Petro irrespetó la dignidad del entonces presidente Iván Duque y violó la Constitución al incumplir su juramento como senador. No obstante, la Comisión determinó que la queja carecía de hechos concretos y pruebas que sustentaran la acusación.
En el segundo proceso, María José Linero presentó en 2020 una queja contra Petro por haber viajado a Cuba sin el permiso del presidente del Congreso. Sin embargo, la Comisión basó su decisión en los artículos 90 y 209 de la Ley 1952 de 2019, que establecen que un proceso debe cerrarse si se demuestra que la conducta denunciada no existió.
El tercer caso fue el de un usuario de la red social X, identificado como @gabrielJairo5, quien en 2021 publicó un mensaje en el que sugería que Petro debía ser investigado por enriquecimiento ilícito, afirmando que poseía mansiones en Florida, Barranquilla y Bogotá. La Comisión archivó la denuncia por considerarla temeraria e infundada.
Las decisiones de la Comisión han generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras sectores afines al Gobierno consideran que los fallos evidencian la falta de fundamentos en las denuncias, la oposición ha criticado que los investigadores pertenecen a partidos con afinidad política con Petro, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
Organizaciones de veeduría ciudadana han pedido mayor transparencia en la Comisión de Acusación, un organismo históricamente cuestionado por su ineficacia en los procesos contra altos funcionarios. Según analistas, esta decisión reafirma la dificultad de avanzar en investigaciones contra expresidentes o altos dignatarios del Estado.
A pesar del archivo de estas investigaciones, Petro aún enfrenta críticas y cuestionamientos por su gestión, especialmente en el manejo de la economía y la seguridad. No obstante, la Comisión dejó claro que, en estos casos específicos, no existían pruebas suficientes para continuar con los procesos.
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