El Concejo de Ibagué aprobó este jueves un empréstito por $150.000 millones solicitado por la Administración Municipal liderada por la alcaldesa Johana Aranda. Estos recursos financiarán proyectos de infraestructura y servicios esenciales en la ciudad, buscando mejorar la movilidad, la calidad de vida en zonas rurales y la seguridad de las familias en riesgo.
La iniciativa fue respaldada por 15 concejales, mientras que 4 votaron en contra. Dentro de los proyectos a ejecutar con estos recursos se encuentran la construcción de la intersección vial en la calle 94 que conecta La Samaria con Ciudadela Simón Bolívar, la ampliación de la calle 103 y una solución vial en la calle 60 con avenida Ambalá, todas enfocadas en mejorar el tráfico en puntos críticos de la ciudad.
Además, los fondos permitirán la instalación de gas domiciliario en zonas rurales, un servicio que beneficiará a cientos de familias. Otro proyecto clave será la reubicación de los habitantes que viven en la cuenca de la quebrada Hato de la Virgen, considerado un sector de alto riesgo. También se invertirán recursos en la recuperación del polideportivo Maracaná, la cancha Marte del estadio y el proyecto “Combo 3×1” del IBAL.
Silvia Ortiz, una de las concejales que votaron a favor, justificó el endeudamiento argumentando que la inversión es necesaria para la transformación de la ciudad. “Es una apuesta estratégica, similar a cómo operan grandes empresas que trabajan con deuda. Con los recaudos municipales, podremos cumplir las obligaciones financieras sin comprometer la estabilidad del municipio”, afirmó.
En contraste, Andrés Zambrano, uno de los concejales que se opuso, expresó su preocupación por la falta de enfoque en proyectos sociales que beneficien a las comunidades más vulnerables. “Este empréstito debería priorizar iniciativas que respondan a las necesidades básicas de la población antes que a grandes obras de infraestructura”, señaló durante la sesión.
César Franco, otro concejal que respaldó el proyecto, respondió a las críticas asegurando que el empréstito estará sujeto a estrictos controles. “Hay mecanismos claros de supervisión para garantizar el uso adecuado de estos recursos. Estas obras impactarán positivamente en la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos”, explicó.
La aprobación de esta medida ha generado un intenso debate entre los habitantes de la ciudad, quienes cuestionan la capacidad de la alcaldía para manejar un endeudamiento de esta magnitud. Sin embargo, la Administración Municipal ha destacado que estas obras son necesarias para atender necesidades urgentes y garantizar el desarrollo de la capital tolimense.
Con la decisión tomada, el reto ahora será cumplir con los tiempos y objetivos planteados, mientras se asegura la transparencia en la ejecución de los recursos para evitar controversias futuras.
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