El salario de la mandataria local asciende ahora a $21.246.841 mensuales. La decisión, respaldada por el Concejo Municipal, ha generado críticas por parte de sectores ciudadanos que cuestionan su gestión y acusan clientelismo político.
El pasado 5 de marzo de 2025, el Concejo Municipal de Ibagué aprobó el Acuerdo 003, mediante el cual se fija un incremento parcial en el salario de los empleados de la administración central, incluyendo la asignación para la alcaldesa Johana Aranda, quien pasará a recibir $21.246.841 mensuales. La medida ha provocado una oleada de críticas entre los ciudadanos y sectores sociales que consideran la decisión como una “premiación” a una gestión aún cuestionada.
El acuerdo estipula un aumento del 5,20% para los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial, en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024. En este marco, el salario de la alcaldesa pasó de $20.192.230 a $21.246.841, una cifra que equivale al ingreso mensual de aproximadamente 20 trabajadores del salario mínimo legal vigente.
Desde la página “Ciudadanos por Ibagué”, la denuncia no se hizo esperar. La publicación en redes sociales señala que el aumento se dio “pese a su cuestionada gestión” y hace énfasis en la contradicción entre oponerse a la reforma laboral, pero aceptar una remuneración que muchos consideran desproporcionada.
En el mismo acuerdo se refleja que otros cargos directivos como secretarios de despacho, directores administrativos y jefes de oficina también recibieron incrementos salariales bajo la misma proporción. La administración local defiende el ajuste como una medida legal y ajustada al marco técnico de actualización salarial.
No obstante, voces críticas denuncian que este incremento representa un claro ejemplo de clientelismo político. Alegan que la alcaldesa ha entregado cuotas burocráticas a concejales aliados y que el aumento salarial sería una forma de retribución encubierta a quienes respaldan su gestión en el Concejo Municipal.
La oposición también ha señalado que este tipo de decisiones contrastan con la realidad económica de la mayoría de los ibaguereños, quienes enfrentan precariedad laboral, servicios públicos costosos y deficiencias en salud y educación. “Es un insulto para el ciudadano de a pie”, señaló un líder comunal en redes sociales.
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Además, se ha generado indignación entre sectores sindicales y organizaciones sociales, que ven en esta decisión un retroceso frente a los esfuerzos por la equidad salarial y la dignificación del trabajo público. La situación revive el debate sobre los privilegios de la clase política frente a las necesidades del pueblo.
Mientras tanto, la ciudadanía ha empezado a organizar espacios de protesta y veeduría para exigir transparencia en el manejo de recursos públicos y decisiones administrativas que beneficien a la mayoría, no solo a quienes ocupan cargos de poder.
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