Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo de Líbano, fue condenado a 38 meses de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos por ofrecer sobornos a funcionarios del IGAC para alterar trámites catastrales entre 2020 y 2021.
Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo del municipio de Líbano, Tolima, ha sido condenado a 38 meses de prisión e inhabilitado por 52 meses para ejercer cargos públicos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho. Esta sentencia fue dictada por un juez de Ibagué tras un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación.
Según la Fiscalía, Solano ofreció sobornos a funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para manipular trámites catastrales en el Líbano y realizar el desenglobe de un predio durante los años 2020 y 2021. El fallo, que quedó en firme, es el resultado de una investigación que implicó varias personas vinculadas a un esquema de corrupción dentro del IGAC.
Solano fue capturado el 1 de diciembre de 2021 en Líbano, durante un operativo simultáneo con otros implicados detenidos en las instalaciones del IGAC. Este grupo delictivo, denominado “Los del Instituto”, fue desmantelado ese mismo día por las autoridades.
El condenado era responsable de los levantamientos topográficos en la zona norte del Tolima, y es hijo de Francisco Solano, un contratista que actualmente hace parte del IGAC. Este detalle añade una capa de complejidad al caso, dado el vínculo familiar dentro de la entidad.
El proceso judicial se extendió durante casi cuatro años, desde la captura de Solano hasta la sentencia final. En total, 25 personas fueron vinculadas en la investigación, que abarcó irregularidades como el direccionamiento de trámites, la retención de solicitudes y la gestión fraudulenta de licencias ambientales. Hasta ahora, nueve de los implicados han sido sentenciados mediante preacuerdos.
La condena a Solano refleja el firme compromiso de las autoridades en su lucha contra la corrupción en entidades públicas y el esfuerzo por garantizar la transparencia en los procesos administrativos, particularmente en trámites tan delicados como los catastrales.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción y ha instado a la ciudadanía a colaborar denunciando cualquier acto ilícito que atente contra el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Este caso subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en las entidades públicas para evitar que los funcionarios corruptos pongan en riesgo la confianza ciudadana y el bienestar general.
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