Una demanda de nulidad simple argumenta que la Secretaría de Tránsito no ha existido legalmente desde 1999, lo que podría desencadenar una crisis administrativa y legal en el municipio.
El Municipio de Líbano, Tolima, enfrenta un hecho sin precedentes luego de que el Consejo de Estado aceptara la demanda de nulidad simple presentada por Yamit Antonio Mendieta Veloza. Según el demandante, existen pruebas que demostrarían que desde septiembre de 1999 la Secretaría de Tránsito no ha estado legalmente constituida, pese a que ha operado con normalidad durante más de 26 años.
Inicialmente, el caso fue radicado en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué, pero fue remitido al Consejo de Estado al involucrarse directamente al Ministerio de Transporte. La controversia radica en cómo una entidad inexistente habría estado realizando trámites administrativos y sancionatorios dentro de la Alcaldía de Líbano.
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De acuerdo con Mendieta, al revisar la estructura organizacional de la administración municipal no se encuentra registrada oficialmente la Secretaría de Tránsito y Transporte. De existir, argumenta, debería estar dirigida por un Secretario de Despacho, tal como lo exige la normatividad vigente.
Además, el demandante señala la figura de un “Inspector de Tránsito de papel”, quien, sin la debida investidura, ha estado ejerciendo funciones como adelantar audiencias e imponer sanciones en el marco del Código Nacional de Tránsito. Esta situación, según Mendieta, evidencia una irregularidad administrativa de larga data.
El caso ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales. De confirmarse que la Secretaría de Tránsito no ha existido formalmente, la actual alcaldesa del municipio enfrentaría una crisis institucional sin precedentes, con posibles demandas en contra del ente territorial.
El proceso en el Consejo de Estado se perfila como un hito en la historia jurídica y administrativa de Líbano, ya que podría sentar un precedente sobre el funcionamiento de dependencias municipales sin reconocimiento legal.
Mientras avanza la investigación, las autoridades locales están a la espera de directrices que permitan esclarecer la situación y, en caso necesario, regularizar el funcionamiento de la entidad. Entre tanto, la comunidad sigue atenta a las decisiones que puedan derivarse de este proceso.
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