El Consejo de Estado ordenó que los consejos de ministros del presidente Gustavo Petro no se transmitan en canales privados, locales o regionales, al considerar que afectan la pluralidad informativa. Petro calificó la decisión como un acto de censura y cuestionó el tratamiento desigual frente a gobiernos anteriores.
El Consejo de Estado tomó una decisión que ha generado revuelo político y jurídico en el país: ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados, regionales o locales, indicando que dicha práctica vulnera el principio de pluralidad informativa. Según el fallo, las transmisiones deberán realizarse exclusivamente por los canales públicos como Señal Colombia y el Canal Institucional.
El alto tribunal considera que el uso de medios privados para la difusión permanente de contenidos oficiales puede incurrir en una concentración indebida de la narrativa gubernamental, afectando el equilibrio informativo que protege la Constitución. La decisión marca un precedente respecto a los límites de comunicación del Ejecutivo en medios de alcance masivo.
El presidente Petro reaccionó con contundencia a través de sus redes sociales. En un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial, expresó que la medida representa un intento de censura. “Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas”, escribió, recordando su historia personal y política. Petro argumentó que la decisión judicial desconoce su investidura como presidente elegido por voto popular.
Petro fue más allá al cuestionar una presunta parcialidad ideológica de los magistrados: “¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días?”, preguntó, aludiendo a la continuidad de los programas de su antecesor sin que se tomaran medidas similares. Para el mandatario, el fallo hace parte de una estrategia de lawfare en su contra.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado también insinuó que los medios privados responden a intereses económicos concentrados, mencionando directamente a los grupos Ardila, Santo Domingo y Sarmiento Angulo. Según él, el verdadero pluralismo solo puede garantizarse a través de los medios públicos.
A pesar de su inconformidad, el mandatario afirmó que acatará el fallo. “Como siempre respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del Estado”, expresó, en una clara alusión crítica a gobiernos anteriores. Sin embargo, insistió en que se está intentando desmontar el proyecto de gobierno progresista.
El pronunciamiento presidencial ha generado diversas reacciones en sectores políticos, sociales y jurídicos. Mientras desde la oposición se celebra la decisión judicial como un acto de defensa de la pluralidad, sectores oficialistas lo consideran una traba a la democracia participativa y al derecho a la comunicación del Estado con la ciudadanía.
La controversia reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en los medios y sobre el verdadero significado del pluralismo en una democracia. El caso podría escalar a instancias internacionales, si el Gobierno decide buscar mecanismos para defender lo que considera su derecho a la expresión institucional.
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