El Consejo de Estado suspendió de forma cautelar el Decreto 0639 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, que convocaba una consulta popular. La medida se tomó por la falta del concepto previo favorable del Senado, tal como lo exige la Constitución.
En una decisión inesperada, la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió de manera cautelar el Decreto 0639 de 2025, que convocaba a una consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro. El acto administrativo había sido firmado por el presidente y sus ministros, con el objetivo de consultar a la ciudadanía sobre asuntos de trascendencia nacional.
El fallo, conocido en la tarde de este miércoles, admite la demanda que busca la nulidad definitiva del decreto, al considerar que el acto carece de validez al no cumplir con uno de los requisitos fundamentales estipulados en la Constitución. La providencia destaca que el decreto fue emitido sin haber obtenido el concepto previo favorable del Senado, requisito exigido por el artículo 104 de la Carta Magna.
Según la Sección Quinta, este tipo de decisiones de gran trascendencia, como la convocatoria de una consulta popular, debe contar con el respaldo del Senado antes de ser convocadas. Este fallo pone en duda la viabilidad del proceso y obliga al gobierno a suspender los efectos jurídicos del Decreto hasta que se resuelva el litigio.
La medida cautelar fue solicitada por el demandante y aplicada de acuerdo con el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, que regula el procedimiento administrativo. La decisión resalta que, aunque la consulta popular se considera un mecanismo legítimo de participación ciudadana, su convocatoria debe ajustarse estrictamente a los procedimientos constitucionales y legales.
El Decreto 0639, también conocido como “Decretazo”, había sido promovido como una herramienta de participación para que la ciudadanía pudiera expresar su opinión sobre temas cruciales para el país. Sin embargo, la falta del concepto del Senado ha puesto en peligro su validez legal y ha generado un fuerte debate en el ámbito político.
El presidente Petro y su gobierno aún no se han pronunciado oficialmente sobre la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, la suspensión del decreto supone un contratiempo significativo para el Ejecutivo, que había apostado por este mecanismo para fortalecer su relación con la ciudadanía y dar un paso hacia reformas de gran impacto.
En este contexto, la controversia política sobre el “Decretazo” podría intensificarse. La oposición al gobierno de Petro ya había cuestionado la legalidad del decreto, señalando que se trataba de una maniobra para ganar apoyo popular sin el respaldo adecuado de las instituciones legislativas.
La decisión del Consejo de Estado subraya la importancia de seguir los procedimientos establecidos por la Constitución, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan a toda la nación. Este fallo podría marcar un precedente importante para futuros actos administrativos del gobierno.
Mientras tanto, se espera que el gobierno de Petro tome medidas para corregir el procedimiento o apelar la decisión, en un intento por revivir la consulta popular y avanzar con sus reformas políticas. La situación continúa siendo tensa en el panorama político del país.