El presidente busca someter a votación ciudadana su propuesta, pero enfrenta un complejo camino en el Senado y un alto umbral de participación.
Tras el hundimiento de la reforma laboral en el Senado, el presidente Gustavo Petro anunció que impulsará una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre el futuro de su propuesta. Sin embargo, el proceso tiene múltiples exigencias que podrían dificultar su aprobación y ejecución.
El primer paso es la redacción de las preguntas, las cuales deben ser claras y formuladas para que los votantes respondan con un “sí” o un “no”. No se pueden presentar como artículos de la reforma ni incluir ambigüedades. Una vez elaboradas, el gobierno debe enviarlas al Senado para su revisión.
En el Congreso, la consulta enfrenta un obstáculo clave: la falta de mayorías. Para ser aprobadas, las preguntas deben obtener el respaldo de la mayoría de los senadores, quienes no pueden modificarlas, sino únicamente votar a favor o en contra. Si el Senado las aprueba, el presidente tiene un plazo máximo de tres meses para convocar la votación.
La consulta no puede coincidir con elecciones presidenciales o legislativas, por lo que Petro deberá elegir una fecha estratégica que favorezca la participación ciudadana. Este punto es crucial, ya que para que la consulta sea válida se necesita que al menos 13.6 millones de personas voten.
El reto del umbral es considerable. En las elecciones de 2022, Petro obtuvo 11 millones de votos, por lo que, incluso si todos sus electores participaran, aún faltarían más de dos millones de sufragios para alcanzar la cifra mínima requerida.
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En caso de que la consulta no logre el umbral de participación, se invalidaría automáticamente. Si lo supera y la mayoría de los votos es por el “sí”, la decisión se convierte en mandato popular, lo que obligaría al Congreso a debatir nuevamente la propuesta bajo un escenario de mayor presión política.
La viabilidad de esta estrategia aún es incierta, ya que el gobierno deberá superar resistencias en el Congreso y movilizar un número significativo de ciudadanos. Mientras tanto, sectores políticos y económicos siguen de cerca el desarrollo de esta iniciativa, que podría marcar un precedente en la implementación de reformas mediante mecanismos de participación ciudadana.
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