El registrador nacional Hernán Penagos anunció que será el Consejo de Estado quien determine si la Consulta Popular decretada por el gobierno de Gustavo Petro puede realizarse. La decisión pone en juego el equilibrio institucional y la estabilidad democrática del país.
El futuro de la Consulta Popular nacional decretada por el presidente Gustavo Petro sigue siendo incierto. El registrador nacional Hernán Penagos anunció este lunes que ha decidido dejar en manos de las Altas Cortes la determinación final sobre si procede o no convocar esta consulta, dada la controversia jurídica entre las ramas del poder público.
Penagos explicó que actualmente existen dos solicitudes formales: una que pide negar la convocatoria y otra que exige su realización. En vista de estas posiciones encontradas, el funcionario optó por elevar una consulta al Consejo de Estado, en busca de claridad sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución.
“Estamos ante un problema jurídico de gran magnitud”, afirmó Penagos. “Se trata de una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es necesario definir si los requisitos constitucionales se cumplieron o no para que esta consulta tenga validez”, añadió, subrayando el impacto institucional que podría tener esta decisión.
La Registraduría Nacional también señaló que se protegerá el principio democrático por encima de cualquier presión política. Penagos fue enfático al decir que no debe quedar ningún manto de duda sobre el proceso, ya que lo que está en juego es el orden constitucional del país y la legitimidad de sus instituciones.
Además, la Registraduría iniciará una actuación administrativa para consultar a las demás entidades interesadas y, con base en esas respuestas, solicitará un concepto a la sala de consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado. Ese concepto será determinante para establecer si los requisitos para la convocatoria están debidamente cumplidos.
Mientras se surte este proceso, la realización efectiva de la Consulta sigue siendo incierta. La Registraduría dejó claro que, por ahora, no cuenta con los recursos económicos necesarios para organizar un mecanismo de participación ciudadana de esta magnitud, lo que suma otro obstáculo a su posible realización.
El panorama político y jurídico se mantiene tenso, especialmente porque esta consulta popular ha sido vista como una estrategia clave del gobierno Petro para reforzar su agenda de reformas, luego de las dificultades encontradas en el Congreso. Sin embargo, su legalidad sigue siendo objeto de intenso debate.
El país ahora espera el pronunciamiento de las Altas Cortes, que deberán decidir si el llamado “decretazo” se sostiene o si, por el contrario, se frena por falta de sustento constitucional. La decisión podría sentar un precedente importante sobre la relación entre las ramas del poder público en Colombia.
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