La entidad presentó el balance de su gestión durante 2026, luego de revisar 2.276 contratos mediante nueve auditorías. Los resultados incluyen 226 hallazgos de diferentes tipos y beneficios cuantitativos por $4.292 millones. Los casos con posible incidencia fiscal pasarán a investigación para establecer si hubo afectaciones al patrimonio público.
La Contraloría Municipal de Ibagué presentó los resultados de su gestión durante 2026 y reveló posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos por un valor de $6.769 millones. La cifra corresponde a 33 hallazgos con incidencia fiscal identificados durante las auditorías realizadas a la contratación de diferentes entidades de la ciudad.
El balance fue socializado ante veedores ciudadanos, líderes sociales, representantes de instituciones y sujetos de control, quienes conocieron las actuaciones adelantadas por el organismo para vigilar la administración de los recursos públicos y hacer seguimiento a la gestión de las entidades municipales.
De acuerdo con el informe, durante la vigencia se realizaron nueve ejercicios de auditoría en los que fueron revisados 2.276 contratos. Como resultado, se identificaron 226 hallazgos: 117 administrativos, 73 disciplinarios, 33 fiscales, dos sancionatorios y uno con presunta incidencia penal.
Entre las entidades con los mayores valores reportados por hallazgos fiscales aparece el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), con $3.064 millones. Le siguen el IBAL, con $1.590 millones, e Infibagué, con $1.207 millones, cifras que concentran una parte importante de los resultados presentados por la Contraloría.
El informe también relaciona hallazgos en la Administración Municipal por $604 millones, la Personería de Ibagué por $186 millones y la Unidad de Salud de Ibagué (USI) por $91 millones. Estos resultados deberán ser revisados dentro de los procedimientos correspondientes para determinar si existió alguna afectación a los recursos del municipio.
La contralora municipal, Johanna Ardila Salazar, explicó que los 33 hallazgos con incidencia fiscal serán trasladados a la Oficina de Responsabilidad Fiscal. Allí se evaluarán los elementos de cada caso y se establecerá si existen méritos para determinar posibles responsabilidades por daños al patrimonio público.
La funcionaria destacó la importancia del trabajo técnico adelantado por el organismo de control y señaló que las auditorías se desarrollan bajo criterios de transparencia y objetividad. En ese sentido, afirmó que los resultados buscan fortalecer la vigilancia sobre la gestión pública y ofrecer garantías a la ciudadanía frente al manejo de los recursos.
Durante la rendición de cuentas también se destacaron beneficios cuantitativos por $4.292 millones, relacionados con recursos recuperados o situaciones corregidas a partir de las actuaciones de control fiscal. Infibagué registró el mayor valor, con $4.184 millones, seguido de la Gestora Urbana, con $74 millones, y el Concejo Municipal, con $30 millones.
A estos resultados se suman más de $100 millones recuperados mediante procesos de cobro coactivo, mecanismo utilizado por la entidad para adelantar el recaudo de obligaciones pendientes. La Contraloría presentó estos valores como parte de los resultados de su gestión y de las acciones orientadas a proteger los recursos públicos.
Con este balance, el organismo de control dejó en evidencia los resultados de las auditorías realizadas durante 2026. Sin embargo, los hallazgos fiscales no constituyen por sí mismos una declaración definitiva de responsabilidad: será necesario que las investigaciones avancen y determinen si hubo daño al patrimonio público y quiénes tendrían responsabilidad, mientras la ciudadanía espera resultados concretos sobre la vigilancia de los recursos de Ibagué.




