La Contraloría General de la Nación reveló una grave irregularidad en la gestión de recursos en el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tras una auditoría realizada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El informe de la Contraloría señala que la ANH suscribió convenios con el SGC para adquirir equipos que resultaron innecesarios y que posteriormente no fueron empleados. Esta situación fue considerada como “detrimento patrimonial” y una muestra de una “gestión fiscal ineficiente”.
El hallazgo más significativo corresponde al convenio 300 de 2022, en el cual el SGC adquirió equipos por un valor de 9.800 millones de pesos que nunca fueron utilizados. Algunos de los equipos, como los gravímetros y magnetómetros, ni siquiera llegaron a ser entregados antes de que el convenio finalizara.
Además, la Contraloría identificó otra irregularidad en un convenio en el que se arrendaron oficinas que tampoco fueron utilizadas. El SGC pagó los cánones de subarrendamiento con recursos provenientes del convenio suscrito con la ANH, generando un presunto detrimento patrimonial de 908 millones de pesos.
Estos hallazgos ponen en evidencia una deficiente planificación y ejecución de recursos por parte de la ANH y el SGC. Es fundamental que las entidades públicas realicen estudios previos rigurosos y una adecuada planificación para evitar situaciones de este tipo, donde se destinan cuantiosos recursos a la adquisición de equipos y servicios que no se utilizan.
Ante esta situación, se espera que la ANH tome las medidas correctivas necesarias y fortalezca sus procesos de control interno para evitar futuros perjuicios al patrimonio público. Asimismo, se insta a las autoridades competentes a investigar y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso de aparente mal manejo de recursos.
Finalmente, la Contraloría General de la Nación reafirma su compromiso de ejercer un control riguroso y efectivo sobre el buen uso de los recursos públicos. Se espera que este informe sirva como un llamado de atención a todas las entidades gubernamentales para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del Estado, en beneficio de todos los ciudadanos colombianos.
