La Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República intensifican el control fiscal sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué. Citan a funcionarios, exigen explicaciones y anuncian una mesa de diálogo por recursos mal ejecutados.
La Contraloría General de la República y la Contraloría Municipal de Ibagué han lanzado alertas sobre presuntas irregularidades en el manejo de los millonarios recursos destinados al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), ejecutado desde 2020 por la administración local. Las acciones de control se intensifican con citaciones, informes y llamados a la transparencia.
El viernes 20 de junio, la Contraloría General citó al gerente del SETP, Aquileo Medina, y a varios de sus funcionarios, para que expliquen el uso de los dineros girados por el Gobierno Nacional para pavimentación, semaforización y desarrollo del sistema de transporte. Estas inversiones, algunas hechas en la administración de Andrés Fabián Hurtado, no han mostrado resultados sostenibles.
Simultáneamente, la Contraloría Municipal de Ibagué, bajo la dirección de Edna Margarita Murcia Mejía, publicó un balance de gestión contundente en el que destaca hallazgos fiscales por más de $98.000 millones en 2024 y $35.000 millones en lo corrido de 2025. Las cifras reflejan el aumento en las auditorías y el fortalecimiento del control fiscal en la capital tolimense.
Según el comunicado de la Contraloría local, al inicio de su gestión se encontraron graves fallas institucionales como funcionarios que no cumplían con horarios, oficinas sin personal de planta y un ambiente institucional laxo. Esto llevó a la implementación de una reestructuración interna y nuevos procesos de control.
En ese marco, la Contraloría General anunció también la realización de una mesa de trabajo participativa sobre el seguimiento al CONPES 4017 de 2020, proyecto que financia el SETP en Ibagué. Esta mesa busca evaluar el avance en ejecución y financiero del programa, y convocó a actores sociales e institucionales para resolver las fallas estructurales.
“El compromiso es con la legalidad, la transparencia y la defensa de los recursos públicos”, reiteró la contralora Murcia Mejía, quien aseguró que las acciones emprendidas buscan recuperar la confianza de la ciudadanía en el control fiscal y sancionar a quienes hayan malversado recursos.
Durante la cita con la CGR, se espera que el gerente Medina aclare qué pasó con los contratos relacionados con semaforización, pavimentación y señalización, muchos de los cuales presentan deficiencias visibles a pesar de las millonarias inversiones reportadas.
La mesa de diálogo participativo está prevista para el 20 de junio entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde por la plataforma Teams, y se espera que allí se aporten soluciones reales para destrabar la ejecución del sistema de transporte en la ciudad.
Estos procesos se dan en un contexto donde la ciudadanía reclama resultados y mejoras reales en la movilidad urbana, mientras organismos de control redoblan esfuerzos para evitar la pérdida de recursos públicos.
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