Un convenio por 2,4 billones de pesos fue adjudicado en los últimos días del gobierno de Iván Duque, asegurando la distribución de medicamentos en hospitales, la Policía y el Ejército hasta 2025. La participación de empresas vinculadas a la familia Char despierta dudas sobre transparencia y legalidad.
A pocos días del final de la administración de Iván Duque, el gobierno adjudicó un contrato millonario que ha generado controversia en el sector público. Se trata del Convenio Marco número CCENEG-055-03-2022, firmado el 21 de julio de 2022 a través de Colombia Compra Eficiente, el cual compromete 2,4 billones de pesos para la adquisición de medicamentos destinados a hospitales públicos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
El convenio, que tiene una duración de tres años, limita la posibilidad de que la administración de Gustavo Petro contrate con otros proveedores hasta 2025. Esto ha despertado críticas y sospechas sobre la intencionalidad del acuerdo, pues garantiza que solo tres empresas sean las encargadas de distribuir los medicamentos a nivel nacional.
Una de las compañías favorecidas es Éticos Serrano Gómez Ltda, vinculada a la familia Char, poderosa en el Atlántico. Según registros de la Cámara de Comercio, Farid Char es uno de los principales socios de la empresa, lo que ha levantado sospechas sobre posibles intereses políticos en la adjudicación.
Junto a Éticos Serrano Gómez Ltda, las otras dos firmas beneficiadas fueron Unión Temporal Audidrogas, que tiene la distribución a nivel nacional, y Productos Hospitalarios S.A., encargada de abastecer departamentos como Atlántico, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca y Santander, entre otros. Este monopolio en la distribución ha sido señalado como una posible estrategia para mantener el control sobre el sector salud en el país.
Pese a las críticas, quienes participaron en la adjudicación aseguran que el contrato cumplió con los requisitos legales y que el proceso fue transparente. Sin embargo, el hecho de que se haya firmado en la última semana de gobierno de Duque y con empresas ligadas a sectores políticos influyentes, ha generado dudas sobre un posible direccionamiento de la contratación.
Los detractores del convenio argumentan que este tipo de contratos comprometen la autonomía del gobierno entrante y podrían afectar la calidad del servicio de salud pública. Además, advierten que decisiones de este tipo deben ser revisadas para evitar que la contratación estatal quede amarrada a ciertos grupos empresariales con intereses políticos.
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta ahora el reto de revisar estos acuerdos y evaluar su impacto en la prestación del servicio de salud, buscando alternativas para garantizar transparencia y equidad en los procesos de contratación pública.
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