La Gobernación del Tolima adjudicó más de $1.700 millones a una fundación recién creada, sin experiencia verificable y al parecer con lazos, políticos con Alexander Castro, actual secretario de Cultura. El proceso relámpago y la falta de trayectoria de la entidad han despertado fuertes sospechas de corrupción y direccionamiento.
Una nueva polémica sacude a la Gobernación del Tolima tras conocerse la adjudicación de un contrato por $1.730 millones a la Fundación Artística, Deportiva y Cultural 369 (Funcultura 369), una entidad sin trayectoria previa en el sector y con conexiones directas, al parecer con el secretario de Cultura del departamento, Alexander Castro.
El contrato, identificado con el número 1329 de 2025, fue firmado el pasado 26 de marzo con el objetivo de ejecutar eventos culturales en todo el departamento. Sin embargo, la rapidez con la que se concretó el proceso y la falta de experiencia de la fundación han generado una ola de críticas y cuestionamientos.
Funcultura 369 fue registrada en Cámara de Comercio en agosto de 2024, apenas ocho meses antes de recibir el millonario contrato. No cuenta con historial público de ejecución de proyectos, ni mantiene presencia en redes sociales o medios especializados en gestión cultural.
La representante legal de la fundación, Julie Pauline Bedoya Bonilla, ha sido cercana al secretario de Cultura, Alexander Castro. Durante la campaña a la Alcaldía de Ibagué en 2023, Bedoya apoyó activamente a Castro, lo que refuerza la percepción de un presunto tráfico de influencias en la adjudicación del contrato.
Además, miembros de la fundación tienen al parecer vínculos familiares y políticos con el barretismo, movimiento al que pertenece Castro. Entre ellos se destacan Fredy Castro y Maritza Bonilla, lo que sugiere una estructura organizada para beneficiarse de recursos públicos.
El contrato incluye servicios logísticos como tarimas, sonido, alimentación, hospedaje y transporte. No obstante, en los requisitos no se exigieron certificaciones de experiencia ni criterios técnicos robustos, facilitando así la asignación a una entidad sin respaldo.
Lo más llamativo es que la única publicación conocida de la fundación en redes sociales coincide con el día de la firma del contrato. Este detalle ha sido interpretado por analistas como una maniobra para cumplir requisitos formales mínimos, más que una prueba de operatividad real.
La diputada Yully Porras denunció el hecho ante la Asamblea del Tolima hace varias semanas, asegurando que “se trata de un contrato a dedo disfrazado de gestión cultural, que responde más a favores políticos que a criterios técnicos o artísticos”. Porras ha exigido a los entes de control investigar de fondo.
La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía ya recibieron alertas formales y han iniciado las primeras verificaciones. La hipótesis principal apunta a una posible red de contratación direccionada mediante fundaciones fachada, una práctica recurrente en distintos entes del país.
Mientras tanto, decenas de gestores culturales del Tolima denuncian exclusión y falta de apoyo institucional. La asignación de grandes sumas a estructuras clientelistas pone en evidencia un patrón donde la cultura es utilizada como fachada para el desvío de recursos públicos.
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