La Corte Constitucional negó la solicitud del Ministerio de Salud de aclarar la orden de reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El tribunal ratificó que su decisión tiene sustento y reafirmó los plazos establecidos para su implementación.
La Corte Constitucional declaró improcedente la solicitud del Ministerio de Salud que pedía aclarar la orden de reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), argumentando que el cálculo actual era insuficiente. Con esta decisión, el alto tribunal mantiene su postura y exige el cumplimiento de los plazos establecidos.
El Ministerio había argumentado que la Corte no fue clara en su determinación y que su decisión se basó en pruebas insuficientes, muchas de ellas provenientes de agremiaciones de las EPS e incluso de las propias entidades prestadoras de salud.
No obstante, la Corte aseguró que los fundamentos para emitir su fallo son sólidos y que la información empleada proviene, en gran medida, de los propios datos suministrados por el Ministerio de Salud. Además, destacó que, a pesar de las oportunidades brindadas, la cartera no entregó información suficiente ni completa sobre el cálculo de la UPC.
Ante este panorama, el alto tribunal ratificó los plazos que había establecido para que el Ministerio de Salud implemente el reajuste. En primer lugar, deberá conformar una mesa de trabajo en un plazo máximo de diez días, en la que participarán el Ministerio de Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), las EPS, las IPS, asociaciones de pacientes y académicos.
Además, el Ministerio contará con un mes para presentar un informe detallado que justifique la fijación de la UPC y con tres meses para desarrollar una herramienta que permita constatar la información con base en criterios técnicos y financieros.
La Corte reiteró que su decisión busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y evitar un desfinanciamiento que afecte la prestación del servicio. Asimismo, enfatizó en la responsabilidad del Gobierno de corregir los errores en la asignación de los recursos destinados a la atención en salud.
Esta determinación marca un nuevo desafío para el Ministerio de Salud, que deberá acelerar la revisión del modelo de financiación del sistema y asegurar que los ajustes en la UPC respondan a las necesidades reales del sector.
El fallo de la Corte Constitucional refuerza la necesidad de que las autoridades cumplan con las órdenes judiciales y adopten medidas efectivas para fortalecer el sistema de salud en el país.
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