La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación al senador Óscar Barreto por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato para el mejoramiento y optimización de alcantarillados urbanos en el departamento del Tolima. El senador es investigado por su supuesta omisión en el deber de vigilancia durante su periodo como gobernador del Tolima.
Entre las irregularidades señaladas se encuentra la contratación directa mediante un Convenio Interadministrativo para la administración de recursos públicos destinados a la ejecución de obras civiles en la modalidad de subcontratación. Además, se ha constatado la falta de justificación adecuada que respalde la necesidad de recurrir a esta forma de contratación, así como la ausencia de una planificación adecuada para la correcta ejecución de los recursos.
Una de las situaciones más preocupantes es la entrega del manejo y la administración de los recursos públicos a la empresa EGETSA SA ESP, la cual ha celebrado contratos de obra e interventoría con particulares sin recurrir a una licitación pública. Esto ha generado dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Además, se han encontrado certificaciones que comprometen a EGETSA SA ESP en aspectos que no estaban contemplados en el convenio, como la administración de los recursos departamentales y la subcontratación de obras y su interventoría. También se ha constatado la falta de estudios previos de prefactibilidad y análisis de precios, lo que ha generado interrogantes sobre la adecuada planificación presupuestaria.
Ante estas irregularidades, la Corte Suprema ha decidido llevar a cabo una investigación exhaustiva, en la cual se espera que se recojan todas las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad del senador Óscar Barreto en este caso. El proceso se encuentra actualmente en la fase de indagatoria, y se seguirán los lineamientos establecidos en la Ley 906 de 2004, que regula este tipo de procesos.
Finalmente, el senador Barreto deberá presentar su defensa y responder a las acusaciones que se le imputan. La investigación de la Corte Suprema ha generado gran atención y expectativa en el ámbito político y ciudadano, ya que pone en entredicho la probidad y la transparencia en la gestión de recursos públicos.
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