La Corte eliminó estos acuerdos del Derecho Internacional Humanitario, lo que obliga al Gobierno a tramitar su aprobación a través de actos legislativos, leyes o decretos.
Los acuerdos de cese al fuego entre el Gobierno y los grupos armados ilegales ya no estarán amparados bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), según lo determinó la Corte Constitucional. Esta decisión obliga al Ejecutivo a gestionar su aprobación mediante el Congreso de la República o a través de decretos presidenciales, lo que cambia el procedimiento de negociación dentro de la política de “paz total”.
La decisión se tomó tras una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), la cual argumentó que estos acuerdos no pueden ser tratados como normas internacionales, ya que no tienen prevalencia sobre la Constitución colombiana. Según Andrés Caro, director de FEDe, la inclusión de estos pactos en el DIH podría haber permitido su aplicación inmediata sin control institucional.
“Lo que más nos preocupaba era que, amparándose en este artículo de la Ley de Paz Total, el Gobierno intentara incorporar de inmediato los acuerdos parciales o finales sin el debido proceso. Eso no puede pasar y no debería pasar en ningún caso”, explicó Caro.
La sentencia de la Corte aclara que cualquier cese al fuego debe ser aprobado por las instituciones del Estado colombiano. Esto significa que el Presidente de la República y el Alto Comisionado para la Paz no podrán tomar decisiones unilaterales, sino que deberán someter estos acuerdos a revisión del Congreso y las altas cortes.
Este cambio representa un reto para el Gobierno de Gustavo Petro, ya que el trámite legislativo podría ralentizar los procesos de negociación con grupos como las disidencias de las FARC y el ELN. Sin embargo, la medida garantiza mayor control institucional y evita la toma de decisiones sin supervisión jurídica.
El fallo también podría tener implicaciones en los acuerdos vigentes, pues cualquier pacto de cese al fuego que no haya pasado por los mecanismos exigidos podría ser cuestionado legalmente. Por lo tanto, se espera que el Gobierno realice ajustes en su estrategia de negociación.
La decisión de la Corte Constitucional refuerza el principio de separación de poderes y el papel del Congreso en la aprobación de acuerdos de paz, evitando que el Ejecutivo tenga un margen de acción ilimitado en estos procesos. Ahora, el Gobierno deberá diseñar una nueva ruta para la implementación de ceses al fuego dentro del marco de la Constitución.
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