POR: Jaime Antonio Rodríguez, Investigador y Analista Político en el Tolima.
La Universidad del Tolima enfrenta una profunda crisis institucional marcada por denuncias de violencia basada en género, la salida temporal del rector Omar Mejía y cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos existentes.
La universidad más importante del departamento se encuentra en una crisis de gobernabilidad muy seria, evidencia que está sujeta a una situación cada día más caótica. Muchos creerían que se encuentra en los 267.572.755 millones de pesos en presupuesto aprobado en el año 2025 (acuerdo del Consejo Superior 041/20 noviembre 2024), o los insipientes perfilamientos para elecciones del siguiente año en el mes de agosto del 2026. Algunos mencionan el decreto de formalización laboral 391 expedido el primero de abril del año en curso. Su crisis se enfrenta de manera contundente y por primera vez en el área de género sin antecedente alguno, no solo por denuncias recientes al rector que hoy se aparta de sus funciones. La crisis está en la cotidianidad estudiantil, como lo expresa el tendedero de denuncias realizado por estudiantes el 13 de marzo, que reflejó alrededor de 500 denuncias relacionadas con violencias basadas en género (VBG), según las promotoras informan, además de una alerta nacional sobre el tema. SITUACIÓN QUE AGRAVA Y GENERA DE MANERA ESTRUCTURAL EL REFLEJO DE UNA CRISIS QUE NO PUEDE ESPERAR MÁS dentro de las IES y su autonomía.
Aunque la universidad ha tratado de avanzar en el tratamiento de casos y aplicar, por medio de la autonomía, protocolos que garanticen el acceso a la justicia y organizando espacios con carácter decisorio para la misma, alumbra en su ausencia regímenes disciplinares que, por medio de estatutos, aclaren el debido proceso. Desde el año 2009, con la ordenanza 024 del 30 de diciembre, se proyectan acciones con una “política pública de mujer en el departamento del Tolima”, que entre otras, destaque los objetivos específicos que cambien las condiciones materiales en términos claros y en un llamado a la acción por parte de la asamblea del momento.
Encontrábamos verbos que escrutaban avanzar, fortalecer, y en sus enfoques conceptuales la tarea titánica de transversalización del enfoque de género en las acciones específicas del Estado, que más adelante sería incluida en la política de género por parte de docentes de la Universidad del Tolima como Luz Ángela Prada, Noelba Millán, Ana María Castro, entre otras, en la visión y construcción de los mecanismos e instancias que hoy operan en la universidad, en sus diferentes estructuras como lo es: “la Política de Género – Acuerdo 065 de 2021 – CS”, antecesor del establecimiento del “Comité de Asuntos de Género y Diversidades”, creado en el 2020 y actualizado bajo la Resolución N.º 0862 del 2022, la cual detalla con acciones específicas y tipificaciones en el “Protocolo de Atención a Violencias Basadas en Género, discriminación por identidad y orientación sexual diversa de la Universidad del Tolima”, en donde está la misión y visión, normatividad, mecanismos, procedimientos y clasificaciones de VBG hasta su real alcance, que faculta, para el caso de las denuncias específicamente, por regla: “la comisión de estudio de denuncias”, construyendo un ejercicio de acciones secuenciales que no distan de la claridad, tanta que el protocolo tiene una sección llamada: “ámbito de actuación”, que en el caso de los estudiantes sí queda corto, pues citando textualmente: “… por ende, cuando la investigación comprenda a integrantes del estamento estudiantil, estos serán sancionados bajo el régimen disciplinario estudiantil vigente.” Y para el caso de profesores y administrativos sería “el régimen disciplinario del servidor público”. Por último, el desarrollo de la dependencia que trabajará como columna vertebral sería la “Unidad de Género”, creada por la Resolución N.º 1686 de 2022, encargada de coordinar todo lo anteriormente mencionado, esclareciendo la ruta y alcances hasta hoy construidos.
Aunque la asamblea general estudiantil se motiva para escalar a una multiestamentaria con citación formal a sindicatos y sus trabajadores oficiales, el sector profesoral y administrativos de todos los espacios, las chicas cuentan con unas determinaciones claras, recogidas en el documento: MÍNIMOS INAMOVIBLES, en el que ya se ven sus resultados. Aunque el rector no asistió a la audiencia pública citada para hoy 13 de mayo, en cambio se presentó un comunicado oficial en el que se “apartarse del cargo de manera temporal”, en el que no solo deja atónitos a muchos por su disposición, sobre todo después de un año de ser rector interino, 2 años de encargatura y dos periodos de 3 años que se cumplirían hasta agosto del siguiente año para el proceso de nueva elección que el Consejo Superior desarrollaría de manera ordinaria. Su caso se recoge entre una denuncia formal ante la Unidad de Género por la exdirectora del Consultorio Jurídico de la Universidad bajo la gravedad de hostigamientos y ataques, tipificada en Violencia Laboral Basada en Género, de la cual algunos esperan la denuncia formal ante entidades externas o el enrutamiento a las instituciones correspondientes.
Entre algunos análisis se destaca el enrutar de manera eficiente al Ministerio de Trabajo para INVESTIGAR el caso POR ACOSO LABORAL, plasmado EN LA LEY 1010 DE 2006, que se encuentra recogida en el mismo protocolo del que venimos mencionando. Esto se detalla de mejor manera dependiendo del acervo probatorio. Hasta posiciones, algunas feministas especialistas en el tema, mencionan también la incidencia de la Comisaría de Familia y la Ley 2126 de 2021, destacando sus principios rectores y la comprensión de la protección integral de los derechos que se deben llevar a cabo, por la gravedad en mención de hostigamiento y ataques, que como ex pareja podría abrazar la denuncia. Esto buscaría la correlación sincera de llevar el caso ante todas las autoridades competentes como escenario de justicia tan necesaria, y ante la que, en el comunicado del rector, queda claro que se dispone.
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Aun así, los casos que se encuentran de los estudiantes no cuentan con la misma suerte, pues el estatuto estudiantil no cuenta con rutas claras para las sanciones. Y aunque existen los casos de destitución de profesores y cinco trabajadores, según algunas fuentes no oficiales, no es el mismo caso para el sector estudiantil, que se encuentra acompañado desde hoy por la Procuraduría como garante, y que de manera oficiosa se encuentran los casos entre los consejos de facultad y las directrices disciplinares, al no esclarecerse en el “ámbito de actuación” del protocolo y el comité de género las sanciones del debido proceso del estatuto estudiantil que ofrezcan medidas contundentes y eficaces.
Se menciona que la encargatura de las funciones rectorales quedaría en manos de Nancy Torrez, aunque es el Consejo Superior el que determinará la última palabra. Y aunque los retos se ven son muchos, pues pasan por la propuesta de gobernabilidad y contundencia para llevar al fin elementos que pasan desde nuevo programa que efectuaría ante la cercana elección del próximo agosto a la rectoría, hasta los más necesarios y que están como pendientes para este año, entre ellos el insumo para la formalización laboral, que podría contar con una revisión de la reforma profunda, o la construcción de los bloques y parqueadero que se encuentran en estudios, históricos como la sede sur de la Universidad del Tolima. Al parecer, todos insumos, tal vez, de una revisión de estatutos y reorientación institucional en la que definitivamente manda la parada la situación de género hoy, en la que tal vez tenga que liderar Nancy Torrez en un ambiente entre interpretaciones, debates y revisiones de una reestructuración que propone el gobierno del cambio, hasta los debates incipientes que se empiezan a levantar de una elección rectoral, como ya hemos mencionado.
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