Miles de afiliados en la capital del Tolima enfrentan una parálisis en la dispensación de medicamentos desde el 31 de diciembre, tras la salida de Colsubsidio y la falta de un contrato vigente con un nuevo prestador.
El año 2026 ha comenzado con una grave emergencia sanitaria para los miles de usuarios de la Nueva EPS en la ciudad de Ibagué. Desde el pasado 31 de diciembre, la prestación del servicio de farmacia quedó suspendida tras la salida oficial de Colsubsidio como operador encargado. A pesar de ser un cambio programado, la entidad no ha garantizado una transición efectiva, dejando a la población civil en un absoluto limbo administrativo. Esta situación ha generado un clima de desesperación en las sedes de atención, donde los ciudadanos exigen soluciones inmediatas.
Durante este jueves 2 de enero, primer día hábil del año, la confusión escaló a niveles críticos en los puntos de atención médica. En la IPS Viva 1A, los profesionales de la salud han estado direccionando a los pacientes hacia la farmacia Medic Colombia, ubicada en la calle 44 con carrera Quinta. Según los médicos, las instrucciones recibidas desde la dirección de la EPS indicaban que este sería el nuevo punto de entrega. Sin embargo, al llegar al lugar, los usuarios se encuentran con una realidad completamente opuesta a la informada.
Los funcionarios de Medic Colombia han tenido que informar a centenares de personas que no existe, a la fecha, un contrato legal vigente con la Nueva EPS. Esta falta de soporte jurídico impide la entrega de cualquier fármaco, sin importar la urgencia de la patología o la antigüedad de la fórmula. Las largas filas a las afueras del establecimiento, contiguo a Presto, son el reflejo de una falta de planeación administrativa severa. La incertidumbre crece mientras las horas pasan y los tratamientos médicos de miles de ibaguereños permanecen totalmente interrumpidos.
El impacto de esta negligencia administrativa golpea con especial crueldad a los adultos mayores y a los pacientes con enfermedades crónicas. Son ellos quienes dependen de una continuidad estricta en su medicación para evitar complicaciones que pongan en riesgo su integridad física. Muchos de estos ciudadanos han tenido que deambular por la ciudad bajo el sol, buscando una respuesta que ninguna oficina parece estar dispuesta a entregar. La vulneración del derecho fundamental a la salud se hace evidente en cada rostro de angustia reportado hoy.
Uno de los casos más dramáticos reportados este jueves involucra a dos adultos mayores de 87 y 88 años de edad. Sus familiares acudieron a las oficinas principales de la Nueva EPS, situadas en el emblemático edificio M30, buscando una autorización excepcional para sus medicinas vitales. Lamentablemente, la respuesta obtenida fue nula, confirmando que la entidad no tiene un plan de contingencia activo para suplir la ausencia de Colsubsidio. Este vacío prestacional deja a los pacientes más frágiles en una situación de abandono estatal y privado.
La comunidad ibaguereña denuncia que no hubo una comunicación previa y clara sobre cómo se realizaría el cambio de operador farmacéutico este año. La falta de una ruta de atención definida está obligando a muchos usuarios a costear de su propio bolsillo medicamentos que deberían ser gratuitos. Para las familias de escasos recursos, esta opción es inexistente, lo que implica la suspensión forzosa de sus tratamientos médicos. La crisis amenaza con congestionar las salas de urgencias de los hospitales locales por descompensaciones evitables.
Hasta el momento, las directivas regionales de la Nueva EPS no han emitido un comunicado oficial que aclare cuándo se normalizará el servicio. La ausencia de un prestador asignado sugiere que los problemas de dispensación podrían extenderse durante varios días más en todo el departamento. Los organismos de control, como la Personería y la Superintendencia de Salud, han comenzado a recibir una avalancha de quejas y tutelas. Se espera un pronunciamiento urgente que devuelva la tranquilidad a los afiliados que hoy se sienten totalmente desprotegidos.
Ibagué cierra esta jornada con una protesta silenciosa en las calles y una creciente indignación contra el sistema de seguridad social vigente. Mientras la EPS busca resolver sus trámites contractuales, la salud de los pacientes no da espera y las farmacias permanecen cerradas para ellos. El inicio del 2026 queda marcado por esta mancha en la gestión de salud pública de la región tolimense. La resolución de este conflicto contractual es ahora la prioridad máxima para evitar una tragedia humanitaria mayor entre la población civil.
