El exmagistrado Luis Guillermo Pérez impulsa una demanda de nulidad electoral argumentando que contratos estatales suscritos por el bufete del presidente electo poco antes de los comicios configurarían una inhabilidad.
El proceso de transición presidencial en Colombia enfrenta una nueva turbulencia jurídica tras las declaraciones del exmagistrado Luis Guillermo Pérez, quien ha advertido sobre la existencia de causales de inhabilidad contra el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Según Pérez, el hecho de que el bufete De La Espriella Lawyers haya suscrito convenios con entidades públicas durante el periodo previo a las elecciones presidenciales podría comprometer la validez de su elección ante el Consejo de Estado.
Los cuestionamientos se centran en dos contratos específicos que han generado amplio debate en la opinión pública. El primero de ellos fue firmado el 23 de enero de 2026 con la Alcaldía de Barranquilla, por un valor de 357 millones de pesos, para asesoría legal. Apenas tres días después, el 26 de enero, la firma concretó otro acuerdo con la Gobernación del Atlántico, por un monto de 100 millones de pesos, destinados a servicios de defensa jurídica.
Para el exmagistrado Pérez, estas actuaciones no son menores, pues forman la base de los argumentos legales en las demandas de nulidad electoral presentadas. Su tesis sostiene que la celebración de estos contratos con el Estado en los tiempos estipulados por la normativa vigente podría inhabilitar a cualquier candidato para ocupar la jefatura del Estado, un punto crítico que ahora deberá resolver la justicia administrativa de manera definitiva.
La polémica adquiere matices políticos debido a las reiteradas declaraciones del presidente electo durante su campaña, donde aseguraba enfáticamente que «jamás había vivido de la teta del Estado». Esta postura, que fue central en su discurso contra la clase política tradicional y la contratación pública, es ahora el blanco de sus opositores, quienes señalan una contradicción evidente entre sus promesas electorales y la actividad comercial de su empresa.
Desde el entorno cercano al mandatario electo, la respuesta ha sido una defensa férrea sobre la legalidad de los convenios. Sus voceros argumentan que los contratos fueron celebrados por una persona jurídica privada, dedicada legítimamente a la prestación de servicios profesionales, y que dicha actividad no representa, bajo su interpretación, un impedimento legal para ejercer el cargo presidencial, desestimando así cualquier intención de engaño al electorado.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento judicial que confirme la existencia de una inhabilidad o que valide las acusaciones presentadas contra el presidente electo. El Consejo de Estado es el único organismo facultado para determinar si los hechos cumplen con los requisitos legales necesarios para declarar la nulidad de su elección, un proceso que mantiene en vilo la estabilidad del inicio del próximo mandato presidencial.
El debate jurídico permanece abierto y se ha trasladado al escenario de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde los magistrados evaluarán si la conducta contractual de la firma de abogados tuvo una incidencia directa en el proceso electoral. La resolución de este conflicto es esperada con ansiedad, dado que la posesión presidencial está programada para el próximo 7 de agosto, fecha límite para despejar cualquier incertidumbre sobre la legitimidad del Ejecutivo.
Este episodio pone a prueba la solidez del sistema electoral colombiano y su capacidad para dirimir controversias que mezclan el derecho privado con la ética pública. Mientras tanto, el país observa cómo las piezas jurídicas se mueven en los tribunales, aguardando un fallo que despeje el horizonte político nacional y defina si las promesas de campaña y la realidad contractual son compatibles bajo la lupa de la ley.
