A dos meses del incendio que destruyó decenas de viviendas en el asentamiento Álamos, cerca de 90 familias afectadas solicitaron una mesa de diálogo con la alcaldesa de Ibagué para conocer las soluciones definitivas de vivienda y obtener compromisos formalizados por escrito.
La incertidumbre continúa marcando la vida de las familias damnificadas por el incendio ocurrido el pasado 11 de abril en el asentamiento Álamos. Dos meses después de la emergencia, los afectados aseguran que aún no cuentan con una solución definitiva para reconstruir sus hogares y exigen una reunión directa con la alcaldesa de Ibagué para conocer el futuro de los compromisos anunciados por la Administración Municipal.
Los habitantes del sector manifestaron que, aunque han sostenido encuentros con funcionarios de distintas dependencias, consideran que las respuestas recibidas hasta el momento no han sido suficientes frente a la magnitud de la tragedia. Por ello, insisten en la necesidad de establecer una mesa de diálogo con la mandataria local, donde se definan acciones concretas y verificables.
Según explicó Lizeth Rojas Álamos, vocera de la comunidad, durante una reunión realizada el pasado 25 de abril con representantes de Gestión del Riesgo se informó sobre la entrega de subsidios de arrendamiento por seis meses para las familias afectadas. Sin embargo, los damnificados sostienen que esta medida representa únicamente una solución temporal y no responde a las necesidades de vivienda permanente.
Los afectados afirman que requieren claridad sobre los procesos de reubicación y sobre los terrenos o proyectos habitacionales que les permitan recuperar la estabilidad perdida tras la conflagración. Además, solicitan que cualquier compromiso adquirido por la Administración quede consignado en documentos oficiales firmados por las partes involucradas.
La comunidad recordó que la emergencia fue declarada como calamidad pública por la Alcaldía de Ibagué, situación que generó expectativas sobre la implementación de soluciones integrales para los damnificados. No obstante, aseguran que hasta la fecha persisten las dudas sobre los mecanismos que se aplicarán para garantizar una respuesta definitiva.
Mientras se concreta una solución, decenas de familias continúan viviendo en condiciones precarias. Algunos damnificados permanecen en carpas improvisadas dentro del sector debido a que no cuentan con recursos suficientes para acceder a otra alternativa habitacional y tampoco han podido regresar a los lugares donde estaban ubicadas sus viviendas.
De acuerdo con la información entregada por la vocera comunitaria, alrededor de 90 familias resultaron afectadas por el incendio, entre ellas 89 menores de edad. Los líderes comunitarios advierten que las difíciles condiciones de habitabilidad están impactando especialmente a los niños, quienes enfrentan limitaciones relacionadas con higiene, descanso y bienestar emocional.
Los damnificados también expresaron inconformidad frente a algunas actividades recreativas realizadas recientemente para los menores afectados. Aunque reconocen el valor de estos espacios de acompañamiento, consideran que la prioridad debe centrarse en resolver la situación de vivienda de las familias. Por ello, reiteraron su llamado a la Alcaldía para que se establezca un diálogo directo y se definan, de manera clara y formal, las soluciones que permitan reconstruir sus proyectos de vida.
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