La ciudadanía merece respuestas claras sobre el uso de los recursos públicos en Ibagué Limpia S.A., especialmente ante los señalamientos por presuntas irregularidades con más de 50 mil millones de pesos. Las entidades de control deben actuar con celeridad para esclarecer los hechos.
¿Sabemos realmente qué es una APP y cuál es su propósito en la administración pública? Una Asociación Público-Privada (APP) es una figura legal mediante la cual el Estado y una empresa privada se unen para ejecutar proyectos que, aunque operados parcialmente por privados, manejan recursos públicos. Esto quiere decir que cualquier entidad con participación de dineros del Estado está en la obligación de responder ante los organismos de control.
El reciente comunicado de Ibagué Limpia S.A. ante una citación del Concejo Municipal genera más dudas que respuestas. Aunque la empresa señala que las preguntas del Concejo buscan acceder a información protegida, olvida que los recursos públicos no pueden ocultarse bajo el argumento de confidencialidad.
Particularmente inquieta la situación de los presuntos 50 mil millones de pesos cuyo destino es aún desconocido. Si el 51% de la empresa pertenece a privados, el 49% restante corresponde a lo público, y es precisamente allí donde radica la responsabilidad de rendir cuentas. No se puede minimizar el hecho de que se trata de dineros recaudados a través del servicio de recolección de basuras, un tema que afecta directamente el bolsillo y la calidad de vida de los ibaguereños.
Resulta preocupante que se pretenda deslegitimar el debate ciudadano y la labor de control político con señalamientos de “comentarios mal intencionados”. Preguntar, indagar, cuestionar el uso de los recursos públicos no es un acto de mala fe, sino una expresión legítima de participación democrática y vigilancia ciudadana.
Desde esta redacción proponemos actuar con rigor. Se presentarán derechos de petición para exigir información clara y detallada sobre la gestión financiera, contractual y operativa de Ibagué Limpia S.A. No se trata de perseguir a nadie, sino de defender la transparencia en la administración de lo que es de todos.
Llamamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría General a ejercer sus funciones de control con prontitud. No puede haber margen para la impunidad si hay hechos que comprometen la legalidad, especialmente si se encuentran involucrados actores políticos con intereses electorales y burocráticos.
Es fundamental que estos procesos investigativos no se dilaten ni se politicen. Ibagué no puede seguir siendo escenario de escándalos que afectan su imagen y el bienestar de sus ciudadanos, ni mucho menos de componendas entre sectores públicos y privados que operan sin vigilancia efectiva.
Los ibaguereños merecen saber en qué se están invirtiendo los recursos que pagan con una de las tarifas de aseo más altas del país. Esa es una pregunta legítima y no puede ser respondida con comunicados que buscan blindarse bajo formalismos jurídicos, sino con pruebas, cifras y hechos verificables.
Si Ibagué Limpia S.A. no tiene nada que ocultar, debe abrir sus puertas a la ciudadanía, al Concejo y a los entes de control, y demostrar con hechos su compromiso con la transparencia. Solo así se podrá recuperar la confianza en una entidad que, en teoría, debe servir al bien común.
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