Cerca de 500 personas se congregaron frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, para rechazar el retiro de piezas relacionadas con la diversidad sexual, los movimientos políticos y el proceso de paz. La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el despliegue de unidades antidisturbios y de un vehículo lanza agua, mientras las autoridades reportaron bloqueos viales y enfrentamientos durante la noche.
La controversia por el retiro de al menos 30 piezas del Museo Nacional de Colombia llegó este sábado a las calles de Bogotá, donde ciudadanos realizaron un plantón para exigir explicaciones al Gobierno nacional. La manifestación se concentró frente al recinto cultural y reunió, según el reporte de la defensora del Pueblo, Iris Marín, a cerca de 500 personas desde el mediodía. Los participantes expresaron su inconformidad con las decisiones sobre las obras que dejaron de estar exhibidas al público. La jornada, que inicialmente transcurrió de manera pacífica, terminó después de las 6:30 de la noche en disturbios y enfrentamientos con integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
Entre los elementos retirados de las salas Hacer sociedad, Memoria y nación y Fuerza, fe y sustancia se encuentran objetos vinculados con la diversidad sexual, los derechos reproductivos, la historia política y el conflicto armado colombiano. La lista incluye una bandera del orgullo LGBT perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, afiches de movilizaciones de 2006, fotografías de marchas por la ciudadanía plena y ejemplares de la revista La Ventana Gay. También se reportó el retiro de material impreso de la Fundación Sí Mujer relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres.
Otras piezas están relacionadas con movimientos políticos y episodios determinantes de la historia nacional. Entre ellas figuran un brazalete de la Alianza Democrática M-19, afiches de campañas de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, así como impresos electorales de la Unión Patriótica que respaldaban a Jaime Pardo Leal en la campaña de 1986. A esta relación se suman el tarjetón de la Séptima Papeleta, iniciativa que antecedió la Constitución de 1991, y el denominado Balígrafo, elaborado con un casquillo de bala y asociado a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. También se encuentra la obra Minería, del artista Antonio Caro.
La presencia de unidades de la UNDMO antes del inicio del plantón generó cuestionamientos entre algunos asistentes, quienes consideraron que el despliegue de fuerza pública no correspondía al carácter pacífico de la convocatoria. La discusión se intensificó durante el desarrollo de la jornada, en medio de las afectaciones a la movilidad y la permanencia de manifestantes sobre la vía. Los ciudadanos insistieron en la necesidad de obtener una explicación oficial sobre los criterios utilizados para retirar las piezas y sobre el futuro de los elementos que dejaron de estar expuestos en el museo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la movilización y señaló que las personas ejercieron legítimamente su derecho a expresar desacuerdo con las decisiones del Gobierno. La funcionaria indicó que, de acuerdo con los reportes recibidos, la protesta había transcurrido pacíficamente durante buena parte de la jornada. Además, recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad pueden formar parte del ejercicio del derecho a la protesta, sin que estas circunstancias, por sí solas, conviertan una manifestación pacífica en violenta.
Marín también manifestó preocupación por lo que calificó como un despliegue excesivo de unidades antidisturbios, incluida la presencia de un vehículo lanza agua. A su juicio, estos recursos podían resultar innecesarios y desproporcionados frente al contexto de la concentración, además de generar tensiones y aumentar el riesgo de confrontaciones. La defensora recordó que el uso de estos dispositivos debe evaluarse según las circunstancias y los criterios de necesidad y proporcionalidad. Su pronunciamiento se produjo en medio de las discusiones sostenidas con la Policía Nacional sobre el manejo de las movilizaciones.
En horas de la noche, la Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que disminuía la cantidad de manifestantes en el lugar, aunque persistía el bloqueo de la vía. La entidad señaló que su equipo de Diálogo Social continuaba acompañando la situación, en un intento por facilitar la interlocución y atender las afectaciones generadas durante la jornada. Sin embargo, los reportes posteriores indicaron que el plantón terminó en enfrentamientos entre algunos participantes y unidades de la UNDMO. Las circunstancias específicas que desencadenaron los disturbios deberán establecerse con base en los reportes oficiales y los registros de lo ocurrido.
La polémica deja abierto el debate sobre la decisión de retirar las piezas, la manera en que se comunica al público la reorganización de las exposiciones y el papel de los museos en la preservación de memorias históricas diversas. Para los manifestantes, los objetos retirados representan luchas sociales, procesos políticos y momentos del conflicto colombiano que merecen permanecer visibles en los espacios culturales. La discusión también plantea interrogantes sobre los criterios curatoriales y la participación ciudadana en decisiones relacionadas con el patrimonio. Hasta contar con una explicación institucional detallada, las razones y el destino de cada pieza continúan siendo asuntos centrales de la controversia.
