En un nuevo episodio de la intensa contienda electoral por la Alcaldía de Ibagué, el candidato Marco Emilio Hincapié ha presentado una seria denuncia que pone bajo la lupa la asignación de contratos por parte de la Unidad de Salud de Ibagué (USI).
La controversia gira en torno a la presunta vinculación de la investigadora de la unidad de Delitos contra la Administración Pública del CTI de la Fiscalía, Omaira Méndez Losada, con contratos otorgados a una empresa de su familia.
Según Hincapié, la empresa SARA LTDA, propiedad del esposo e hijo de Méndez Losada, Jorge Oswaldo Castañeda Galindo y Jorge Alejandro Castañeda Méndez, respectivamente, habría obtenido contratos por un total de $1.670 millones para servicios de vigilancia en sedes de la E.S.E.
El candidato resalta que la primera adjudicación de contrato se produjo dos semanas después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué revocara la absolución de Daniel Cadena Ortiz, primo de la esposa de Andrés Hurtado. Además, Hincapié destaca otro contrato por $310 millones, otorgado una semana después de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito avalara la preclusión de la investigación del delito de peculado por uso en favor del alcalde Hurtado por el caso de los ‘piques ilegales’.
Estas revelaciones han suscitado inquietudes sobre la posible interferencia de relaciones personales en la asignación de contratos públicos, especialmente en el contexto de una carrera electoral tan competida. Hincapié ha instado a la Alcaldía de Ibagué y a la Fiscalía a proporcionar respuestas claras sobre estas acusaciones, subrayando la necesidad de mantener la integridad en los procesos de contratación pública.
Este nuevo desarrollo agrega un elemento de controversia adicional a una campaña electoral ya cargada de tensiones, y plantea preguntas fundamentales sobre la transparencia y la imparcialidad en la gestión pública de la ciudad.
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