El concejal Jorge Bolívar denunció que la administración de Johana Aranda destinó más de 140 mil millones de pesos en contratación de personal y fiestas, mientras se redujeron los recursos para programas sociales. Señala también el pago desmedido de arriendos y el uso politiquero de cargos públicos, en medio de un creciente clamor ciudadano por transparencia y eficiencia en el gasto público.
El concejal Jorge Bolívar lanzó una dura crítica a la administración municipal de Ibagué por el presunto mal manejo de los recursos públicos durante la vigencia 2024. Según el cabildante, el presupuesto fue priorizado para contratos de prestación de servicios y eventos, mientras se dejó de lado la inversión en programas sociales que benefician a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con Bolívar, se destinaron 140 mil millones de pesos a contratación de personal, una cifra que, en su opinión, evidencia un uso desproporcionado del presupuesto. A esto se suma que más del 30% de los contratistas no reside en Ibagué, lo cual, según él, indica un direccionamiento político de los recursos. “Están pagando favores con los impuestos de los ibaguereños”, denunció.
Además, el concejal señaló que 18 mil millones de pesos fueron utilizados en eventos y gastos de protocolo, de los cuales mil millones se gastaron solo en la oficina de la alcaldesa. Según el informe presentado, estos recursos incluyeron rubros para vestuario, maquillaje y logística para fiestas, generando una fuerte reacción en sectores ciudadanos que piden mayor austeridad.
Otro aspecto criticado fue la asignación de cargos públicos a exalcaldes de otros municipios. Bolívar afirmó que el gerente de la USI fue alcalde en Venadillo, y otros funcionarios provienen de Lérida, Santa Isabel y El Espinal. “Ni siquiera votan en Ibagué, pero están tomando decisiones clave en nuestra ciudad”, advirtió.
La polémica también incluye los pagos de arriendos por parte de la Alcaldía. Según datos expuestos por Bolívar y reforzados por la concejal Sandra Varón, solo en el arriendo del antiguo Hotel Dulima se pagan 260 millones de pesos mensuales. En total, la actual administración podría terminar pagando cerca de 30 mil millones de pesos solo en alquileres de inmuebles.
Sandra Varón, concejal conservadora, elevó un derecho de petición a la Secretaría Administrativa para esclarecer el número y condiciones de los contratos de arriendo suscritos entre 2024 y 2025. Exige conocer cifras detalladas y copias de los contratos, al igual que los estudios técnicos que justificaron dichos gastos. El silencio de la administración ha generado mayor inconformidad ciudadana.
Bolívar propuso como alternativa la construcción de una sede administrativa propia en predios de propiedad del municipio, como el lote de Infibagué. Según sus cálculos, con lo que se paga en arriendos en tres años, se podría financiar una edificación de hasta 20 pisos, optimizando recursos y mejorando la atención a la ciudadanía.
También advirtió sobre el aumento en las tarifas de servicios públicos como el gas domiciliario, pese a que el municipio cerró el 2024 con un superávit superior a los 100 mil millones de pesos. En su propuesta, Bolívar sugiere destinar al menos 6 mil millones para subsidiar el gas en estratos 1 y 2, pero denuncia que su postura de oposición hace que sus iniciativas sean ignoradas.
El concejal lamentó que, a pesar de contar con evidencia y de haber radicado denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, ninguna de estas entidades haya actuado. “No puede ser que los entes de control estén de brazos cruzados ante semejante derroche”, concluyó, reiterando su llamado a la ciudadanía para exigir transparencia.
Finalmente, la polémica desatada por estos señalamientos ha generado un amplio debate en Ibagué. La ciudadanía comienza a cuestionarse si es mejor seguir pagando arriendos multimillonarios o construir una sede administrativa digna y moderna. En medio del silencio de la alcaldesa Aranda, crecen las voces que exigen respuestas, reformas y un manejo responsable del erario público.