La alcaldesa demandada por un pagaré de $500 millones habría nombrado defensor para prolongar el proceso y evadir su responsabilidad contractual, lo que despertó alerta en la parte prestadora, que enfrenta embargo bancario y de vehículo.
La alcaldesa Johana Aranda se encuentra en el centro de una polémica después de que la parte prestadora interpuso una demanda por incumplimiento de un pagaré de 500 millones de pesos. En lugar de responder directamente a la obligación, Aranda asignó un apoderado a fin de dilatar el proceso y evitar el pago inmediato de la deuda.
El caso, registrado bajo el número de radicación 73001310300320250004200 en la plataforma de la Rama Judicial, permanece activo y con varias solicitudes de recuso por parte de la administración municipal. Estas maniobras recuerdan las prácticas de su mentor político, el exalcalde Andrés Fabián Hurtado, quien también recurrió a tácticas dilatorias en sus propios procesos judiciales.
La parte demandante —quien prestó los quinientos millones de pesos— manifestó su preocupación ante la aparente falta de voluntad de la mandataria para saldar la deuda. Tras solicitar el pago, logró que la jueza ordenara el embargo de las cuentas bancarias de Aranda y de un vehículo a su nombre, tasado en alrededor de 300 millones de pesos.
Sin embargo, la alcaldesa habría intentado negociar la venta de ese mismo vehículo por 250 millones de pesos, una operación que corre el riesgo de caer ante la existencia del embargo. Así, se desconoce el origen de los fondos con que adquirió el automotor en un concesionario, lo que ha levantado más sospechas alrededor del proceso.
Los recursos que Aranda gastó en honorarios de su abogado contrastan con su argumento de insuficiencia financiera para cubrir la deuda principal y sus costos asociados. La parte demandante advirtió que estos movimientos no detendrán la ejecución forzosa y que se agotarán todas las instancias legales para garantizar el pago.
Expertos en derecho administrativo señalan que la dilación sistemática podría constituir un agravante y derivar en sanciones por abuso del derecho de defensa. Además, advierten que el proceso podría escalar a investigaciones de responsabilidad fiscal si se demuestra la administración negligente de los recursos.
El uso de la figura del apoderado legal se ha convertido en práctica común para funcionarios que enfrentan demandas de responsabilidad civil contractual. No obstante, la velocidad y efectividad en que se tramiten estos casos dependerá del órgano judicial competente y de la firmeza con que la parte actora persiga el cumplimiento de la obligación.
Mientras tanto, la comunidad y medios locales permanecen atentos al desarrollo del proceso 73001310300320250004200, cuyo desenlace determinará no solo la obligación de pago, sino también el ejemplo de transparencia y rendición de cuentas que deben seguir los servidores públicos del Tolima.
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