El asesinato del ingeniero Daniel Jiménez en Ataco y del líder Julián Arenas en Chaparral encienden las alarmas por una escalada que amenaza la democracia regional.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) emitió una grave alerta ante el deterioro de la seguridad en el sur del Tolima. La organización denunció que los recientes homicidios de Daniel Jiménez González y Julián Arenas no son incidentes aislados, sino evidencias de un patrón sistemático de violencia política. Daniel Jiménez, reconocido ingeniero, fue ultimado en Ataco, mientras que Julián Arenas, ex candidato al Concejo de Chaparral y militante del Pacto Histórico, fue asesinado el pasado 17 de noviembre. Para los defensores de derechos humanos, estos crímenes buscan desarticular los movimientos sociales y políticos que lideran procesos de transformación en el departamento. La persistencia de estos ataques bajo modalidades de sicariato ha generado un clima de zozobra que paraliza el ejercicio de las libertades ciudadanas.
La situación se torna especialmente crítica para quienes aspiran a representar a sus comunidades a través de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP). Según el CPDH, el miedo sembrado por estos asesinatos directos pone en riesgo la participación de las víctimas del conflicto en la vida política activa. Estas curules, diseñadas para dar voz a territorios históricamente excluidos como el sur del Tolima, enfrentan hoy la amenaza de las armas. Los líderes sociales temen que el ejercicio democrático sea silenciado por estructuras criminales que operan en las zonas rurales de Ataco y Chaparral. La vulnerabilidad de los candidatos es máxima debido a la falta de esquemas de protección efectivos que respondan a las amenazas reales del territorio.
El CPDH ha subrayado que esta escalada de violencia coincide con el dinamismo del actual proceso electoral, afectando la equidad en la contienda. La organización argumenta que la eliminación física de actores políticos y sociales constituye un ataque directo a los cimientos de la democracia participativa. Existe una preocupación profunda por el avance de grupos armados ilegales que buscan controlar el poder local mediante la intimidación y el asesinato. Este escenario obliga a los participantes de la vida pública a limitar sus recorridos por veredas y corregimientos considerados de alto riesgo. Sin garantías mínimas de seguridad, el derecho a elegir y ser elegido se convierte en una actividad de alto peligro para los tolimenses.
Ante la gravedad de los hechos, el organismo hizo un llamado urgente a la Gobernación del Tolima y al Gobierno Nacional para intervenir. Se exige que se prioricen las investigaciones judiciales para capturar no solo a los autores materiales, sino también a los determinadores intelectuales. El CPDH solicita que las autoridades refuercen la presencia preventiva de la Fuerza Pública en los puntos críticos donde la violencia ha sido recurrente. La impunidad, advierten, solo sirve como incentivo para que los violentos sigan actuando con libertad contra los liderazgos democráticos del departamento. La justicia para Daniel Jiménez y Julián Arenas es vista como un paso indispensable para restaurar la confianza institucional en la región.
Las medidas de protección deben ser inmediatas y eficaces para evitar que se sigan sumando nombres a la lista de víctimas de la violencia política. El Comité enfatizó que es responsabilidad del Estado garantizar que ningún ciudadano sea perseguido o asesinado por sus convicciones ideológicas o aspiraciones públicas. La comunidad internacional también ha puesto sus ojos sobre el Tolima, dada la importancia del departamento en la implementación de los acuerdos de paz. Se requiere un plan de contingencia que involucre a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía General de la Nación de manera articulada. El sur del Tolima no puede regresar a las épocas oscuras donde las ráfagas de fusil definían el rumbo de las elecciones locales.
Finalmente, el CPDH insistió en que la defensa de la vida es la base fundamental para cualquier ejercicio de representación política legítimo. El llamado a la solidaridad ciudadana busca que la población no normalice estos actos de barbarie y exija resultados claros a los organismos de seguridad. La memoria de los líderes asesinados debe ser el motor para fortalecer el tejido social y la resistencia civil frente a la criminalidad. El Tolima enfrenta el reto de superar esta crisis mediante la unidad de todos los sectores políticos en contra del uso de la violencia. Mientras el proceso investigativo avanza, el departamento permanece en alerta máxima por el futuro de su estabilidad democrática.
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