La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella. La acción judicial solicita investigar presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir por declaraciones dirigidas contra firmantes del Acuerdo de Paz y otros actores del sistema de justicia transicional.
Una nueva controversia jurídica y política rodea al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por declaraciones que, según la funcionaria, podrían poner en riesgo a excombatientes en proceso de reincorporación.
La acción judicial solicita que la Fiscalía investigue la posible comisión de los delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir. De acuerdo con el documento radicado, las expresiones públicas del mandatario electo estarían dirigidas contra Rodrigo Londoño, conocido como «Timochenko», y otras personas acogidas al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.
Dentro de las solicitudes formuladas al ente investigador también se pide la apertura de una investigación formal y la práctica de pruebas técnicas sobre el material audiovisual difundido el pasado 14 de julio, con el propósito de establecer el contexto, contenido y alcance de las declaraciones realizadas por De la Espriella.
La denuncia plantea además que las autoridades evalúen si dichas manifestaciones pudieron generar un incremento en el nivel de riesgo para los firmantes del Acuerdo de Paz y las organizaciones que los representan, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que enfrentan varios excombatientes en distintas regiones del país.
Como parte de las medidas solicitadas, Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía coordinar acciones con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para revisar y actualizar los análisis de riesgo de Rodrigo Londoño y de otros colectivos que pudieran verse afectados tras las declaraciones del presidente electo.
La denuncia fue presentada luego de que Abelardo de la Espriella anunciara públicamente que impulsará acciones para que Rodrigo Londoño responda ante la justicia y planteara modificaciones a la institucionalidad creada con el Acuerdo Final de Paz. Estas afirmaciones generaron reacciones de diferentes sectores políticos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
El documento también solicita investigar expresiones dirigidas contra la magistrada Pilar Rueda Jiménez, al considerar que podrían configurar hechos relacionados con presunta violencia política basada en género contra una mujer que ejerce funciones públicas dentro del sistema de justicia transicional.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha informado si abrirá una investigación formal por los hechos denunciados. Entretanto, el caso continúa generando debate en el escenario político nacional sobre los límites de la libertad de expresión, la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz y el futuro de la justicia transicional en Colombia.
