La creciente inseguridad y el uso de estrategias de miedo en municipios PDET del sur del Tolima han desatado alertas entre comunidades que denuncian supuestas maniobras políticas ligadas, al parecer a un grupo político para incidir en la contienda por la curul de paz. El uso de cilindros bomba vacíos y el silencio institucional alimentan la desconfianza.
La disputa por la curul de paz en el sur del Tolima ha tomado un giro preocupante. Comunidades rurales denuncian una escalada en el uso del miedo como herramienta de presión política. Lo que podría ser el precalentamiento electoral basado en la participación ciudadana, hoy se ve empañado por artefactos explosivos falsos, amenazas y una creciente sensación de abandono estatal. Los pobladores señalan que se está imponiendo una campaña de terror que, más allá de intimidar, busca eliminar la competencia en las zonas donde se espera mayor movilización social y política.
Uno de los casos más inquietantes se reportó en la vía que conecta al corregimiento de Icarco con San Antonio. Allí, apareció un cilindro bomba que —según la comunidad— fue dejado por varios días sin que la fuerza pública lo retirara. Curiosamente, días después, el mismo objeto, con características idénticas y envuelto en una bolsa negra, fue encontrado en otro punto estratégico del municipio. Para los habitantes no hay duda: se trata de una maniobra planificada para infundir miedo y desmovilizar políticamente a las bases sociales.
La situación se vuelve aún más inquietante cuando se relacionan los hechos con la reciente llegada del general Zapatero al Tolima como asesor de seguridad del departamento y aunque ya no está, su paso por esta región aún genera sospecha y más aún conociendo que no tuvo algún contrato al interior de la Gobernación; aunque en su momento fue anunciado con bombos y platillos. A pesar de la presencia de batallones del Ejército y de una fuerza de despliegue rápido en la región, las comunidades reportan un desmejoramiento de la seguridad. Esto genera sospechas sobre la inacción de las autoridades frente a los artefactos abandonados y la falta de respuestas claras sobre los operativos de control en los municipios PDET.
- Puede leer: ¿Adriana Matiz denuncia escalada terrorista en el sur mientras sus alcaldes guardan silencio?
Sectores críticos del actual gobierno departamental señalan que estas acciones se presentan especialmente en municipios donde los alcaldes son cercanos políticamente al barretismo, la línea conservadora que hoy ostenta el poder en la Gobernación del Tolima. La actual mandataria, Adriana Magali Matiz, es señalada por líderes sociales de haber realizado una visita a la zona sensible como Rioblanco, justo antes de la aparición de estos cilindros, lo que ha incrementado el malestar comunitario y las suspicacias sobre posibles montajes.
Para los habitantes del sur del Tolima, el uso de artefactos explosivos sin carga es una táctica de “falsos positivos políticos”, utilizada para justificar una narrativa de inseguridad que permita activar dispositivos de “seguridad democrática”, muy al estilo del uribismo. La comunidad señala que detrás de esta estrategia estaría la intención de impedir la participación libre y efectiva de líderes y lideresas que podrían representar de forma real a las víctimas en la curul de paz del Congreso.
Varias versiones señalan que personas que habían mostrado interés en competir electoralmente por la curul han sido objeto de amenazas y desplazamientos forzados. Se trataría de líderes reconocidos por sus comunidades que ahora se encuentran fuera del territorio, imposibilitados de ejercer liderazgo. Esta situación genera preocupación ante un eventual favorecimiento del actual representante de esa curul quien tiene aspiraciones de repetir, (alineado al barretismo), quien, según las denuncias, no ha tenido una gestión efectiva ni en lo legislativo ni en la defensa de los intereses de los municipios PDET.
Frente a estos hechos, las comunidades exigen respuestas concretas de las autoridades. Se cuestiona el papel del Ejército Nacional, de la Gobernación del Tolima y de la Defensoría del Pueblo quienes ante las amenazas latentes, no hay comunicados, ni Consejos de Seguridad, ni las alertas tempranas y por el contrario de parte de la Gobernadora puros Twittazos. La población pide explicaciones sobre la aparente estrategia de miedo para desarticular procesos sociales, así como sobre la falta de consejos de seguridad locales con los mandatarios municipales de Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco.
- Puede leer: Tienda Nueva: el puente que nunca fue y el elefante blanco que indigna al sur del Tolima
El clamor generalizado gira en torno a una pregunta directa: ¿por qué las acciones de seguridad y los llamados a la calma se direccionan solo al gobierno nacional y no incluyen a los alcaldes y alcaldesas locales? Para muchos, esto refleja un patrón de omisión o de cálculo político. En lugar de garantizar la protección de la ciudadanía, las autoridades departamentales parecen guardar silencio mientras el miedo gana terreno.
La comunidad también exige transparencia en el proceso electoral por la curul de paz. Consideran que, si continúan las amenazas y desplazamientos, el escenario estará viciado, lo que representaría un retroceso en los compromisos con la paz territorial. Reafirman que el proceso debe darse con garantías reales de participación para quienes defienden causas sociales y representan verdaderamente los intereses de las víctimas.
Finalmente, las organizaciones sociales del sur del Tolima insisten en la activación de mesas de diálogo con acompañamiento de organismos de derechos humanos, presencia internacional y veedurías independientes. Aseguran que, si no se toman medidas inmediatas, se corre el riesgo de una elección manipulada por intereses políticos tradicionales, usando el miedo como arma para perpetuar la exclusión.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
