César Augusto Sandoval Suárez, representante de los padres de familia del Colegio José Antonio Ricaurte, ha presentado una denuncia y queja pública contra la Secretaría de Educación de Ibagué por el incumplimiento en la gestión de la construcción y reubicación de los estudiantes de la institución.
El Colegio José Antonio Ricaurte ha estado en condiciones deplorables durante los últimos cuatro años. A pesar de las promesas de renovación, la construcción apenas comenzará el próximo 15 de julio. La sede principal, en estado de destrucción, albergaba 11 salones con aproximadamente 370 estudiantes, mientras que otros salones estaban distribuidos en casas de familia y salones comunales del sector, según César Augusto Sandoval, representante de los padres de familia.
Con el inicio de la construcción, la Secretaría de Educación ha ordenado desocupar el colegio. Han decidido trasladar a los estudiantes de los grados 6°, 10° y 11° al Colegio Guillermo Angulo en el barrio Yuldaima, cambiando su jornada de la mañana a la tarde. Sin embargo, los padres de familia no están de acuerdo con esta decisión debido a la falta de concertación y consulta previa.
“El 8 de julio, se había programado una reunión con la Secretaría de Educación para discutir alternativas de reubicación que respetaran la jornada habitual de los estudiantes. Sin embargo, solo asistieron la Secretaría de Gobierno y la Policía, mientras que la Secretaría de Educación no se presentó, dejando a los padres de familia sin una respuesta concreta”, agregó Sandoval.
Frente a esta situación, los padres decidieron no enviar a sus hijos al Colegio Guillermo Angulo debido a experiencias previas negativas. El año anterior, los estudiantes fueron víctimas de bullying, acoso, y exposición a situaciones de peligro, como consumo de drogas y actos de exhibicionismo. Además, la reubicación afecta gravemente la rutina y seguridad de los estudiantes, afirman los padres.
Liderados por César Augusto Sandoval, los padres de familia han decidido iniciar un plantón y bloquear las vías principales del Ricaurte como medida de presión para que la Secretaría de Educación responda y presente una solución adecuada para la comunidad educativa.
Los padres de familia exigen una respuesta inmediata de la Secretaría de Educación y la consideración de alternativas que no perjudiquen a los estudiantes. La comunidad educativa está unida en su lucha por condiciones dignas y seguras para sus hijos.
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