La Asonal Judicial S.I. alertó sobre demoras en el pago de más de 89 empleados del servicio de aseo en el Palacio de Justicia de Ibagué. El sindicato pidió a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima exigir el cumplimiento contractual a la empresa contratista.
Un nuevo llamado de atención se encendió en las sedes judiciales del Tolima. Trabajadores que prestan el servicio de aseo en el Palacio de Justicia de Ibagué denuncian retrasos reiterados en el pago de sus salarios. La situación, según el sindicato, se viene presentando desde hace tres meses. El incumplimiento afecta directamente el sustento de decenas de familias.
El presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, Javier Valero González, aseguró que los pagos deben realizarse dentro de los primeros diez días de cada mes. Sin embargo, desde diciembre los salarios se han venido cancelando entre los días 12 y 13. En el mes en curso, indicó, aún no se había efectuado el desembolso correspondiente.
De acuerdo con el dirigente sindical, la empresa encargada del servicio es OUTSOURCING Giaf V5 Unión Temporal. Actualmente, esta compañía tendría a su cargo cerca de 89 trabajadores en las sedes judiciales del departamento. La mayoría, según el sindicato, son madres cabeza de familia y personas de escasos recursos.
Valero explicó que el sindicato emitió un comunicado dirigido tanto a la empresa como a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima. En el documento se solicita requerir formalmente a la contratista por el presunto incumplimiento. También se pide revisar la ejecución contractual frente a las obligaciones laborales.
“Son familias enteras que están dejando de percibir su mínimo vital como corresponde”, manifestó el líder sindical. Insistió en que el salario es un derecho fundamental y no puede convertirse en variable sujeta a demoras administrativas. Para el sindicato, el retraso vulnera derechos básicos de los trabajadores.
Según lo informado por la empresa a los empleados, el retraso obedecería a dificultades de flujo de caja. Estas estarían relacionadas con pagos pendientes por parte de entidades con las que mantiene contratos a nivel nacional. No obstante, el sindicato considera que esas situaciones no justifican el incumplimiento.
Valero sostuvo que cuando se contrata con el Estado se debe contar con respaldo financiero suficiente. Señaló que las contingencias económicas no pueden trasladarse a trabajadores con ingresos bajos. Asimismo, advirtió que, de persistir la situación, solicitarán la aplicación de las cláusulas de incumplimiento previstas en el contrato.
La actual contratista inició labores en octubre del año pasado y su vínculo tendría vigencia hasta septiembre de 2027. El sindicato anunció que hará seguimiento permanente a la situación. También estará atento a las decisiones que adopte la administración frente al servicio de aseo en las sedes judiciales del Tolima.
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