La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años a David Curtidor Argüello, quien se desempeñaba como director del Fondo Nacional de Estupefacientes. La decisión, tomada tras un extenso proceso de investigación, se basa en la falsificación de documentos presentada por Curtidor para cumplir los requisitos exigidos para el cargo.
El senador Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, fue quien lideró las denuncias que derivaron en la sanción. A través de sus redes sociales, Losada celebró la decisión y enfatizó la importancia de garantizar la idoneidad en cargos de alta responsabilidad. “Hace unos meses denunciamos las irregularidades en su nombramiento. Hoy, la Procuraduría confirma lo que advertimos y sienta un precedente importante”, expresó.
Según Losada, Curtidor presentó certificaciones falsas que acreditaban experiencia laboral en una empresa registrada años después de las fechas señaladas. Además, las certificaciones fueron firmadas por su propio hijo, quien habría modificado su apellido para evitar que se detectara el vínculo familiar. “Este es un caso claro de falsedad en documento público”, señaló el senador, respaldando sus acusaciones con documentos oficiales.
El proceso también reveló presiones dentro del Ministerio de Salud para favorecer el nombramiento de Curtidor, a pesar de que informes internos señalaban que no cumplía con los requisitos. Losada denunció que funcionarios fueron forzados a validar los documentos presentados por el exdirector, lo que permitió su designación.
Otro aspecto controvertido fue el conflicto de intereses de Curtidor, quien es fundador de una empresa relacionada con el comercio de hoja de coca, materia prima vinculada a las funciones del Fondo Nacional de Estupefacientes. A pesar de esta evidente conexión, Curtidor no declaró ningún conflicto de intereses, lo que también fue objeto de críticas por parte de Losada y otros actores políticos.
El senador manifestó que las irregularidades en este caso reflejan un problema estructural en los procesos de selección de altos funcionarios. “No se puede permitir que intereses personales y presiones externas prevalezcan sobre la transparencia y la legalidad en la administración pública”, afirmó en una sesión del Congreso.
Con esta decisión de la Procuraduría, Curtidor no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos 11 años. La sanción ha sido considerada por muchos como un paso importante hacia la recuperación de la confianza en las instituciones públicas y un mensaje claro sobre las consecuencias de las malas prácticas administrativas.
El caso ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los controles en los procesos de selección para evitar que hechos similares se repitan. Desde el Congreso, el senador Losada anunció que continuará impulsando medidas para garantizar la transparencia y la ética en el sector público.
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