El Hospital Federico Lleras Acosta vuelve al centro del debate público tras la condena contra su exgerente, Iván David Hernández Guzmán, sentenciado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué a 10 años de prisión por comprometer recursos públicos sin cumplir requisitos legales.
El escándalo por contratación irregular en uno de los principales centros asistenciales del Tolima tuvo un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué emitió fallo condenatorio contra el exgerente Iván David Hernández Guzmán, tras encontrarlo responsable de múltiples anomalías en procesos contractuales adelantados entre 2009 y 2011. La decisión se produjo luego de un extenso proceso probatorio.
Según el fallo, Hernández actuó en conjunto con el excoordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos, Hernán Moreno Herrán. Ambos autorizaron contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la normatividad vigente. La investigación determinó que se comprometieron vigencias futuras sin respaldo presupuestal suficiente. Además, se realizaron adjudicaciones directas cuando la ley exigía licitación pública.
El caso tuvo su origen en el contrato 271 de 2009. Este acuerdo contemplaba la dotación de equipos médicos para la Unidad de Cuidados Críticos bajo la modalidad de arrendamiento con opción de compra. Aunque inicialmente fue presentado como una solución técnica y financiera, con el tiempo se convirtió en objeto de cuestionamientos.
Durante su ejecución, el contrato recibió varias adiciones económicas. Estas modificaciones elevaron su valor a más de 2.600 millones de pesos. Pese al incremento presupuestal, el objeto contractual se mantuvo sin cambios sustanciales. Esta situación encendió las alertas de los organismos de control fiscal y disciplinario.
En el juicio también se expuso un posible conflicto de intereses. Se evidenció que uno de los implicados participó en la elaboración de los estudios previos. Posteriormente, esa misma persona asumió funciones de supervisión sobre el contrato cuestionado. Para el despacho judicial, este hecho comprometió la transparencia del proceso.
La sentencia impuesta incluye una pena principal de 10 años de prisión. Además, contempla una multa económica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. El juez determinó que las conductas afectaron la correcta administración de los recursos destinados al sistema de salud.
Aunque la defensa presentó recurso de apelación, la orden de captura se hará efectiva una vez la decisión quede en firme. El proceso continuará en segunda instancia, donde se revisarán los argumentos expuestos por los abogados del condenado.
El fallo representa un mensaje sobre la responsabilidad en la gestión de recursos públicos en el sector salud. En Ibagué, el caso reabre el debate sobre la vigilancia a la contratación estatal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
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