Un grave incidente se registró durante la audiencia de caducidad del contrato del puente de la calle 60 en Ibagué, cuando la directora de Contratación, María Margarita Rueda, recibió una amenaza de muerte. La audiencia, realizada de manera virtual el miércoles 22 de mayo, buscaba decidir la continuidad del contrato con el Consorcio Puente Calle 60.
Pasadas las seis de la tarde, la asistente de Rueda recibió una llamada que no duró más de 50 segundos. En ella, se amenazaba de muerte a la funcionaria si decidía declarar la liquidación del contrato, concluyendo con la frase: “El puente se hace porque se hace”. Esta amenaza fue escuchada por varios funcionarios presentes y asistentes virtuales, incluyendo al asesor de despacho Hugo Martínez y al asesor de la Secretaría Jurídica, Tirso Bastidas.
Tras hacerse pública la llamada, la Alcaldía de Ibagué activó de inmediato los mecanismos de protección. Rueda fue acompañada a la Fiscalía General de la Nación por el secretario de Gobierno, Edward Amaya, donde rindió su primera versión de los hechos y se le asignó seguridad inmediata para proteger su vida.
En su declaración a la Fiscalía, Rueda mencionó sospechar de funcionarios de la administración pasada, debido a la similitud de la frase usada en la amenaza con la que el exalcalde Andrés Fabián Hurtado ha repetido en varios medios de comunicación. Hurtado, actual director del partido Cambio Radical en Tolima, ha defendido enérgicamente la obra del puente, que recibió un anticipo de 3 mil millones de pesos y está bajo investigación de la Procuraduría.
La situación ha generado un clima de tensión en Ibagué, especialmente tras las recientes apariciones de la alcaldesa Johana Aranda con chaleco antibalas, indicando que su vida corre peligro después de anunciar que estudia la posibilidad de liquidar el contrato del puente de la calle 60. Aranda ha recibido apoyo de varios sectores, pero también enfrenta fuertes críticas y presiones.
Rueda reveló que el representante del Consorcio, Roberto Gutiérrez, nunca se ha presentado con abogado en las audiencias, lo que sugiere una confianza inusual en el resultado favorable del proceso. Además, se mencionó que la empresa Seguros Mundial, encargada de las pólizas del contrato, podría estar en riesgo de insolvencia económica, generando más incertidumbre sobre la resolución del caso. La audiencia continuará este jueves 23 de mayo, donde se espera declarar la liquidación del contrato y reclamar los 3 mil millones de pesos adelantados, presentando las demandas respectivas contra los representantes del Consorcio por los daños generados a la ciudad.