El primero es Jaime Yepes del Partido de la U y el segundo es Aquileo Medina de Cambio Radical por el Departamento del Tolima quienes apoyaron en la votación el polémico artículo 68 del proyecto de Anticorrupción que cursa en estos momentos en el congreso de la República.
Con 59 votos a favor y 53 en contra los representantes de diferentes partidos políticos le dieron viabilidad al artículo que busca penalmente perjudicar la libertad de expresión, de prensa y de información, a los ciudadanos violando flagrantemente el artículo 20 de la constitución política colombiana que todo ciudadano tiene el derecho de informar y ser informado, además de crear o fundar medios de comunicación donde se pueda acceder a información de interés público.
La iniciativa fue presentado por el Representante del Partido Cambio Radical, Cesar Lorduy, donde aparece el artículo que amenaza con prisión a las personas que divulgan hechos falsos sobre funcionarios públicos, exfuncionarios y sus familias, “prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multas de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Sin embargo este último fue modificado y puesto el siguiente, “cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un servidor o ex servidor público, sea responsable legal o miembro de cualquier organización comunitaria y la utilice para cometer el delito, el juez de control de Garantías o el juez de conocimiento, según el caso, previa solicitud del fiscal o la víctima, ordenará a la autoridad competente que, proceda a la suspensión y cancelación de la Personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”.
Frente a esta situación el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Jonathan Bock expresó que todo esto se trata de una “venganza de algunos Congresistas con medios de comunicación”, mientras que la misma FLIP expresó en Twitter que esto es un mensaje nefasto para la libertad de expresión en el país. El artículo mantiene la opacidad, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol en una democracia.
Hay que recordar que el proyecto de ley fue radicado el 29 de octubre de 2020 por varios funcionarios públicos del actual gobierno nacional, mientras que su diseño estuvo a cargo de senadores de la República.
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