La emisora Ecos del Combeima, históricamente cercana a la administración Hurtado, ha sido favorecida por la alcaldesa Johana Aranda con tres contratos que suman casi $600 millones, lo que ha despertado críticas sobre el uso de recursos públicos para propaganda oficial en medio de una administración cuestionada.
Ibagué sigue bajo la lupa por el manejo de los recursos públicos en materia de contratación. Esta vez, la polémica recae sobre la emisora Ecos del Combeima, que en menos de un año ha recibido tres contratos por un valor cercano a los $600 millones, firmados con la Alcaldía de Ibagué y la empresa Ibal, bajo la administración de Johana Aranda.
Estos contratos, que suman un promedio de $60 millones mensuales, reflejan una continuidad en la política de comunicación heredada de Andrés Hurtado, exalcalde de la ciudad, con quien el medio radial también tuvo una relación contractual privilegiada. El representante legal de la emisora, Juan Pablo Sánchez, figura como beneficiario de estos convenios.
La asignación repetida de contratos a un solo medio genera dudas sobre la pluralidad informativa y la transparencia en la distribución del presupuesto destinado a publicidad institucional. Todo esto ocurre mientras múltiples sectores sociales cuestionan el rumbo de una administración que, a juicio de muchos, aún no arranca.
La controversia ha tomado fuerza luego de que El Espectador publicara un informe nacional en el que se denuncia que más de 20 influenciadores digitales habrían recibido $700 millones en contratos para hacer publicidad en redes sociales durante un año. La comparación con los contratos de Ecos del Combeima en una ciudad donde no se han resuelto problemas básicos como el mal estado de las vías, genera indignación ciudadana.
En redes sociales, usuarios critican lo que consideran una estrategia de “lavado de imagen” de una administración debilitada desde su inicio, que prioriza la propaganda antes que la inversión en infraestructura o programas sociales. “A falta de un contrato, le dan tres a la misma emisora”, comentó un ciudadano en tono irónico
Por su parte, el silencio de las autoridades locales ante los cuestionamientos ha aumentado el escepticismo sobre la ética en la contratación pública. La comunidad espera que los entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría, tomen cartas en el asunto y verifiquen la legalidad, necesidad y proporcionalidad de dichos contratos.
Mientras tanto, los ibaguereños ven cómo sus recursos se destinan a reforzar una narrativa oficialista que busca mejorar la imagen de una alcaldía criticada por su lentitud en la gestión, mientras la ciudad continúa enfrentando problemas estructurales no atendidos.
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