Por: Franklin Huertas – Consejero Territorial de Planeación en representación de las organizaciones juveniles y estudiantes universitarios
Ha pasado más de un año desde que la alcaldesa Johana Aranda asumió el gobierno de la ciudad, pero un sector clave sigue esperando ser escuchado: el Consejo Territorial de Planeación (CTP). Esta instancia, creada para garantizar la participación ciudadana en la planificación y seguimiento del desarrollo urbano, ha sido sistemáticamente ignorada por la administración.
No se trata de un simple olvido. La Secretaría de Planeación, que debería servir de puente entre el CTP y la administración municipal, prometió en 2024 que en octubre se dotaría a los consejeros de herramientas para realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo de Ibagué. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la promesa quedó en el aire, mientras el Plan de Desarrollo avanza sin la veeduría ciudadana que exige la ley.
¿A qué le teme la alcaldesa? El Consejo Territorial de Planeación no es un actor menor ni un grupo de opinadores sin fundamento. Es un órgano legítimo, designado bajo normas claras, con la responsabilidad de hacer observaciones, evaluar avances y garantizar que el Plan de Desarrollo se ejecute conforme a lo aprobado. La negativa de la alcaldesa a reunirse con este organismo envía un mensaje preocupante: el gobierno local prefiere operar sin control ni vigilancia ciudadana.
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Esto no solo representa una falta de respeto a los miembros del CTP, sino también a toda la ciudadanía. La participación no es un favor del gobierno, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Ignorar al CTP es ignorar a la comunidad, a los sectores sociales y económicos que este representa. La política del olvido no es gobernar La estrategia de “dejar pasar el tiempo” no solo es antidemocrática, sino que también erosiona la confianza en las instituciones. Cuando un gobierno cierra las puertas a la participación, abre el camino a decisiones discrecionales que pueden afectar la transparencia y la efectividad de las políticas públicas, además de facilitar la corrupción en cualquier escenario. El llamado no es solo a la alcaldesa, sino también a la ciudadanía y a los organismos de control.
¿Permitiremos que el desarrollo de nuestra ciudad avance sin supervisión? ¿Aceptaremos que las instancias de participación sean reducidas a simples adornos burocráticos? Es momento de que la administración rectifique, abra el diálogo con el Consejo Territorial de Planeación y cumpla los compromisos adquiridos. La democracia local se fortalece con la participación, no con el desprecio a quienes legítimamente ejercen su labor de seguimiento. La alcaldesa tiene la oportunidad de demostrar que gobierna con la gente, no de espaldas a ella.
La pregunta es: ¿lo hará? Mi mensaje, como consejero territorial, es claro: un informe en una hoja de papel no es suficiente para demostrar que el Plan de Desarrollo se está ejecutando. Los consejeros debemos tener la oportunidad de acompañar las agendas de las diferentes secretarías para verificar su cumplimiento.
A esto se suma el incansable trabajo del presidente del CTP en 2024, Giovanny Amaya, quien insistió en la necesidad de un encuentro con la alcaldesa. Sin embargo, sus llamados fueron ignorados y respondidos con excusas. Incluso, esta situación fue puesta en conocimiento de la Personería de Ibagué, donde aún está en proceso de resolución.
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